Reforma laboral: qué hay detrás de los cambios en los juicios laborales que propone el gobierno de Javier Milei
Con el reclamo empresario como telón de fondo, la administración de Javier Milei impulsa cambios para dar mayor seguridad jurídica y desincentivar los juicios laborales.
El Gobierno avanza con la implementación del proyecto de reforma laboral, pero en un contexto que se ve marcado por un fuerte reclamo del sector empresarial: el elevado nivel de letigiosidad. Según determinadas cámaras, muchas PyMEs enfrentan juicios millonarios que pondrían en riesgo su continuidad y cuestionan la previsibilidad del sistema judicial laboral.
La iniciativa, que es impulsada por la administración de Javier Milei, busca justamente reducir esos conflictos y aumentar la seguridad jurídica. Según un informe del Instituto del Desarrollo Social Argentino (IDESA), en la actualidad existen 637.330 juicios laborales pendientes. De ese total, 308.082 corresponden a causas por riesgos del trabajo y 329.248 a juicios por despido, los dos grandes focos de litigiosidad.
En relación con los aproximadamente 6,3 millones de asalariados registrados del sector privado, el volumen de expedientes equivale a casi el 10% del total de trabajadores.
El panorama se vuelve más complicado en el Sistema de Riesgos del Trabajo, según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (UART), donde entre enero y noviembre de 2025 se notificaron 122.875 nuevos juicios, lo que elevó a 131.998 las causas acumuladas en los últimos 12 meses.
Algunos cambios clave del proyecto oficial de la reforma laboral
El proyecto oficial introduce cambios clave, alguno de ellos un régimen legal para la actualización de los créditos laborales, habilita el pago de sentencias en hasta 12 cuotas para las PyMEs, bajo control judicial, y establece que la base de cálculo de la indemnización excluye conceptos no mensuales tales como el aguinaldo, vacaciones o premios no habituales.
Respecto de riesgos del trabajo, la iniciativa fija un plazo de 90 días para constituir Cuerpos Médicos Forenses en las jurisdicciones adheridas y desvincula los honorarios de los peritos del monto del juicio o del porcentaje de incapacidad determinado, uno de los factores que incentiva la judicialización, según el sector empresario.
En los cambios procesales más importantes se destacan la indemnización por despido sin causa justa, que pasaría a ser total y cancelatoria. Eso sí, la prueba deberá ofrecerse al inicio del proceso, se elimina el impulso de oficio del juez, se incorpora la caducidad de la instancia si no hay movimientos durante seis meses y los conflictos laborales contra el Estado saldrían del fuero laboral para terminar al contencioso administrativo.
También queda establecido que los jueces no podrán apartarse sin justificación de los criterios fijados por la Corte Suprema, se redefine el criterio para considerar autónomos a los prestadores de servicios y se modifica el sistema de honorarios de peritos, que dejarán de calcularse sobre el monto del juicio.
Además, se mantiene el SECLO como instancia previa obligatoria y fija un esquema de actualización de créditos basados en el IPC más un 3% anual.
