Tarifas del gas bajo la lupa: el Gobierno abrió una investigación y deslizó que podría costar un 40% más barato

La Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) inició una investigación de mercado en los segmentos de distribución y comercialización de gas natural en todo el territorio argentino. El procedimiento partió de un pedido formulado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe y se fundamentó en reclamos de grandes usuarios y estaciones de servicio de GNC por presuntas conductas irregulares, ya que sostuvieron que esas distorsiones también impactan sobre la tarifa de gas que abonan los hogares.

La solicitud surgió tras detectarse supuestas inconsistencias en los precios y condiciones del servicio, alcanzando una porción significativa del sector, es decir, todas las distribuidoras y comercializadoras del país (no así las generadoras ni las transportistas).En este marco, la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) llevará adelante la investigación a nivel nacional y no únicamente en Santa Fe: de la pesquisa, podrían desprenderse imputaciones específicas a compañías del rubro o bien recomendaciones regulatorias adicionales. Cabe resaltar que hasta 2025, el organismo funcionó como Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dentro del Ministerio de Economía y hoy opera como ente autárquico.

El planteo tiene como trasfondo las quejas vinculadas a la aplicación del sistema de “mix de cuencas”, utilizado para fijar la tarifa de transporte de gas natural. Actualmente, la tarifa de transporte del gas se calcula como si una parte del gas viniera de Neuquén y otra parte de Bolivia. El tema es que ya no viene gas de Bolivia y casi todo sale de Vaca Muerta. Entonces, según Santa Fe, se está cobrando un transporte que en la práctica no existe, dado que si se ajustara ese cálculo, el gas podría ser, según la provincia, un 40% más barato.

Según la administración santafesina, podrían verificarse “actos o conductas que pudieran configurar una violación a la normativa vigente o un abuso de posición dominante en el mercado de distribución y comercialización de gas natural”, tal como detalló la disposición de la ACN firmada por su presidente, Eduardo Montamat.

Qué dijo Gustavo Piccini, ministro de Desarrollo Productivo de la Santa Fe

La investigación indicó que “se habrían detectado potenciales distorsiones vinculadas a la aplicación de un mix de cuencas para la fijación de tarifas de transporte que no reflejaría los flujos reales de gas natural, particularmente considerando la concentración de la producción en la cuenca Neuquina; y conductas presuntamente anticompetitivas de las distribuidoras y sus comercializadoras vinculadas”.

“Fuimos la única provincia que puso esto que está pasando por escrito. Lo que pedimos, sobre todo al Enargas, es que se actualicen las combinaciones de lo que se llama el ‘mix de cuencas’ de las distribuidoras y comercializadoras. Nos pasa a nosotros y a todos: ese mix –lo que viene de la Cuenca Neuquina y venía del norte, importado desde Bolivia– cambió rotundamente. No hay más importación y está Vaca Muerta, desde donde ahora llega el 100% de gas. Nos cobran más caro y no deberían, así de simple. Si funcionara el esquema que reclamamos, el gas sería entre 20 y 40% más barato. Hay inequidad regional, algo que impacta fundamentalmente en grandes usuarios, empresas, y también en las familias. Nos cobran por un transporte que ya no existe“, le dijo a Infobae Gustavo Piccini, ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe.

La investigación analiza, bajo la órbita de la Autoridad Nacional de la Competencia, potenciales escenarios de abuso de posición dominante y de competencia desleal. La Ley 24.076 prohíbe estos comportamientos y restringe la integración vertical al impedir que un comercializador controle transportistas o distribuidores. Sin embargo, el Decreto PEN 180/2004 dictado bajo emergencia pública habilitó a las distribuidoras a participar en actividades de comercialización mediante firmas controladas. El documento puntualiza que esta excepción debe interpretarse con criterios restrictivos y que su alcance excede las atribuciones de Enargas, algo reconocido por el propio ente.

Las autoridades remarcaron que la puesta en marcha de la investigación no supone un juicio anticipado ni confirma la existencia de irregularidades, sion que constituye una instancia preliminar destinada a determinar si existe sustento suficiente para avanzar con una revisión más profunda del mercado, sin prejuzgar sobre la eventual comisión de prácticas anticompetitivas.