El Gobierno congeló el diálogo con la CGT: de qué se trata la reforma sindical que proyecta para el segundo semestre del 2026
Tras la masiva movilización de la CGT a Plaza de Mayo por el Día del Trabajador, el Gobierno decidió congelar cualquier instancia de acercamiento con la cúpula sindical. Los detalles de la reforma sindical que proyecta el equipo de Javier Milei.
El Gobierno decidió no tender puentes con la CGT en un contexto marcado por la reciente movilización de la central obrera en Plaza de Mayo, donde los secretarios generales lanzaron duras advertencias contra la gestión de Javier Milei,. El Ejecutivo ya se encuentra diseñando una reforma sindical, cuya presentación está prevista para el segundo semestre del 2026.
En las oficinas de Casa Rosada, aseguran que no existen canales de comunicación activos ni encuentros en agenda con la CGT. La postura política es firme no reabrir una instancia de diálogo formal mientras persista la parálisis de la Reforma Laboral por las presentaciones en Tribunales. La lectura oficial es que la confrontación llegó a un punto de no retorno. “Judicializaron todo”, sostuvieron a TN desde el Gobierno en referencia a la resistencia gremial.
La estrategia oficial se divide en dos frentes. Por un lado, el defensivo, que consiste en batallar en la Justicia para validar los cambios laborales ya sancionados. Por otro, el ofensivo, que implica retomar después de julio una agenda de cambios estructurales sobre el financiamiento y la elección de autoridades en organizaciones intermedias.
Según fuentes gubernamentales, una parte de este paquete legislativo ingresará al Congreso tras el Mundial 2026. Se busca reflotar propuestas que fueron excluidas de la Ley 27.802, como la modificación en la Ley de Asociaciones Sindicales. Originalmente, el Gobierno pretendía que la retención de las cuotas de afiliación fuera optativa, bajo conformidad expresa del trabajador, acuerdo entre las partes y autorización de la Secretaría de Trabajo. Además, se planeaba reducir la contribución patronal a las obras sociales del “6% al 5%”.
En la versión final de la normativa publicada en el Boletín Oficial, estos puntos sufrieron cambios sustanciales:
- Se estableció un techo del 2% para aportes previstos en convenios, pero se excluyó expresamente de ese límite a las cuotas de afiliación sindical.
- La contribución de las empresas a las obras sociales se mantuvo en el 6%, descartando la baja pretendida por el Ejecutivo.
Además, el gobierno de Milei ya venía advirtiendo desde principios de 2026 sobre una reforma integral del Código Civil y Comercial que afectará a las personas jurídicas, incluyendo la posible implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Esta iniciativa promete elevar la temperatura con los sindicatos teniendo en cuenta el marco general de funcionamiento y los procesos de elección de líderes gremiales.
“Vamos a mandar la reforma cuando hayamos ordenado otros frentes”, aclaran desde Nación. La hoja de ruta oficial apuesta a mantener la presión en el ámbito judicial durante los próximos meses para evitar nuevos desbordes en las calles, con la idea de reactivar la agenda de transformación sindical una vez superado el primer tramo del año.
El Gobierno reabre la sala de prensa en la Casa Rosada y Manuel Adorni dará una nueva conferencia
Manuel Adorni volverá a tomar contacto con los medios en los próximos días a 24 horas de haberse llevado a cabo la sesión en Diputados, donde presentó su informe de gestión. Según pudo confirmar Infobae, el Gobierno decidió reabrir la sala de periodistas de la Casa Rosada y convocar a una nueva conferencia para el próximo lunes 4 de mayo a las 11 de la mañana.
La sala permanecía cerrada desde el 23 de abril, cuando el Ejecutivo ordenó su clausura tras la difusión de grabaciones realizadas en los pasillos internos de la sede gubernamental por el canal TN. Desde el oficialismo consideraron que el episodio comprometía la seguridad institucional y violaba las normas de comportamiento dentro del edificio.
El regreso de Adorni a las conferencias de prensa se dará en un contexto atravesado por la investigación judicial que impulsa el juez federal Ariel Lijo, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. En paralelo, el fiscal federal Gerardo Pollicita avanzó en el expediente y ordenó un análisis exhaustivo del patrimonio del funcionario.
