El Gobierno de Tierra del Fuego expresó su contundente repudio a la presencia del buque petrolero VS Promise, de bandera británica, en el Puerto de Ushuaia y cuestionó al Ejecutivo nacional por autorizar su operación.
Desde la administración de Gustavo Melella, gobernador de dicha provincia, señalaron que resulta inadmisible que una embarcación británica opere en el puerto de la capital provincial mientras el Reino Unido mantiene la ocupación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, además de los espacios marítimos e insulares correspondientes.
El gobierno fueguino también volvió a cuestionar la intervención del Puerto de Ushuaia por parte del Gobierno nacional, una medida que se encuentra judicializada. Según sostuvo, la Casa Rosada justificó esa decisión en el carácter estratégico de la terminal y en la necesidad de proteger la soberanía y los intereses argentinos en el Atlántico Sur.
“Se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana”, denunciaron desde el Ejecutivo provincial.
El reclamo de Tierra del Fuego al Gobierno nacional
En ese sentido, la administración de Melella reclamó que el Gobierno nacional explique públicamente bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos autorizó la operación del VS Promise en Ushuaia.
La Provincia consideró especialmente contradictorio que una embarcación de bandera de la potencia que ocupa las Islas Malvinas pueda operar en un puerto cuya administración fue intervenida precisamente bajo argumentos vinculados con la soberanía nacional.
Finalmente, el Gobierno de Tierra del Fuego exigió nuevamente el cese de la intervención del Puerto de Ushuaia y la restitución inmediata de su administración a la Provincia.
El reclamo completo
El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur repudia y rechaza enérgicamente la operación de un buque petrolero de bandera del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el Puerto de Ushuaia, actualmente sustraído de la administración provincial como consecuencia de la intervención dispuesta por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), cuya legalidad ha sido cuestionada por la Provincia ante la Justicia.
Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego —las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes—, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la Provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial.
La gravedad del hecho resulta aún mayor por las circunstancias en que se produce. El Gobierno nacional pretendió justificar la intervención del Puerto de Ushuaia invocando, precisamente, su carácter de activo estratégico y la necesidad de resguardar la soberanía y los intereses nacionales en el Atlántico Sur. Hoy, los hechos dejan al descubierto la contradicción entre aquel argumento y la gestión que el Gobierno Nacional lleva adelante una vez desplazadas las autoridades provinciales.
En suma, se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio y el puerto de Ushuaia en particular.
Ushuaia constituye un punto estratégico de primer orden para la Argentina: por su ubicación, por su proyección sobre el Atlántico Sur y por su condición de puerta de entrada a la Antártida, ocupa un lugar central en la defensa de nuestros intereses soberanos y en la presencia argentina en el extremo austral. Las decisiones que se adopten respecto de su puerto no pueden desentenderse de esa realidad geográfica, constitucional y geopolítica.
La defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes no admite dobles discursos ni contradicciones. Constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, consagrado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, y un mandato esencial para todo el pueblo argentino en general y para las autoridades de Tierra del Fuego conforme a la Constitución Provincial, en particular.
Por ello, el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur:
Reclama al Gobierno nacional que informe de manera inmediata y pública bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación de una embarcación de bandera de la potencia que ocupa ilegalmente parte del territorio provincial en el Puerto de Ushuaia.
Exige el cese de la intervención y la inmediata restitución a la Provincia de la administración de su puerto, sin perjuicio de las acciones judiciales ya promovidas contra una medida que consideramos ilegítima y lesiva de la autonomía provincial.
Advierte que Tierra del Fuego no permanecerá indiferente frente a decisiones adoptadas unilateralmente desde el poder central que comprometan sus competencias, sus recursos y los intereses estratégicos argentinos en el Atlántico Sur.
Convoca a todos los poderes públicos, fuerzas políticas y a la ciudadanía a defender el carácter estratégico del Puerto de Ushuaia y a impedir que la defensa de la soberanía nacional sea reducida a una mera declaración retórica.
La Provincia continuará defendiendo, por todos los medios institucionales a su alcance, sus competencias y los derechos soberanos de la República Argentina en el Atlántico Sur.
La soberanía se ejerce en todos los ámbitos posibles y no se defiende desplazando a Tierra del Fuego del control de su puerto estratégico para después administrarlo de espaldas a los intereses soberanos que se invocaron para intervenirlo.
