Plan motosierra: el Gobierno recortó casi 70 mil empleos públicos y pagó $770 millones en indemnizaciones
Manuel Adorni presentó en el Congreso el balance del achique en la estructura pública. Los números del INDEC confirmaron una caída del 19,5% en la plantilla estatal desde que asumió Milei afectando tanto a la administración central como a las empresas públicas.
Como parte del plan para reducir la estructura estatal, el gobierno de Javier Milei concretó un fuerte recorte en la planta de trabajadores públicos. De acuerdo con los datos oficiales presentados por la Jefatura de Gabinete a cargo de Manuel Adorni ante el Congreso, la reducción de personal alcanzó a casi 70.000 empleados desde diciembre de 2023, una medida que implicó un desembolso millonario para cubrir indemnizaciones y retiros pactados.
En su reciente informe de gestión, el Gobierno detalló que el costo total destinado a indemnizaciones, rescisiones y no renovaciones de contratos ascendió a $771.825.763,50. Según la información del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, la mayor parte de este gasto -más de 694 millones de pesos- se vinculó a procesos de “finalización de disponibilidad”, mientras que el resto se repartió entre bajas por reestructuración y liquidaciones finales de contratos no renovados.
En este marco, las estadísticas del INDEC reflejan una caída del 19,5% en la dotación total del Estado nacional:
- Dotación total: pasó de 343.357 empleados en noviembre de 2023 a 276.104 en marzo de 2026, lo que representa 67.253 bajas.
- Administración Pública: la nómina se redujo de 233.098 a 187.734 personas, registrando 45.364 empleados menos.
- Empresas Públicas: la planta disminuyó en 21.889 trabajadores, pasando de 110.259 a 88.370 operarios.
Además de las bajas directas, el Gobierno reactivó programas de retiro voluntario en áreas estratégicas como ANSES, Vialidad Nacional, INTI y los medios públicos para continuar con la política de reducción de vacantes.
Recorte a los subsidios de gas: la restricción del régimen de Zona Fría que podría impactar sobre 128 municipios
En la antesala del invierno, el Gobierno impulsa una modificación del esquema de Zona Fría que implica reducir subsidios al gas para millones de usuarios incorporados tras la ampliación de 2022. La continuidad del beneficio quedará sujeta a la inscripción en el programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), lo que introduce un criterio más restrictivo para acceder a la ayuda estatal.
La iniciativa ingresó al Congreso mediante un proyecto de ley firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni. El texto propone rediseñar la tarifa diferencial que rige en determinadas zonas de la provincia de Buenos Aires y en la Patagonia.
El impacto territorial es amplio, ya que abarca a 55 distritos en Buenos Aires 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe, 1 en Tucumán.
