Informe Klipphan | Andis: $37.000 millones desviados en un megaesquema de corrupción sanitaria
Operó entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, desviando fondos públicos que debían atender a los sectores más vulnerables hacia fortunas privadas.
Una investigación judicial destapó uno de los sistemas de intervención privada sobre el Estado, específicamente sobre la Agencia Nacional de Discapacidad, Andis, más graves de los últimos años, con un desvío documentado de al menos 37.000 millones de pesos destinados a medicamentos de alto costo para personas con discapacidad. Según el fiscal Franco Picardi, la trama operó entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, desviando fondos públicos que debían atender a los sectores más vulnerables hacia fortunas privadas, en lo que calificó como “una actitud deplorable y miserable”.
El núcleo operativo: laboratorio Roche y funcionarios infiltrados
Por primera vez, una investigación de corrupción sanitaria involucra directamente a una multinacional de primer nivel: Laboratorios Roche, cuyo papel aparece como “eje técnico y operativo del esquema”. El fiscal no imputó a la empresa, pero sí a varios de sus empleados y exdirectivos. La figura central es Luciana Ferrari, médica empleada de Roche que fue reinstalada clandestinamente en Andis por los entonces directores Daniel Garbecini y Diego Spagnolo.
Según el dictamen, Ferrari actuaba como “operadora externa del laboratorio suizo” articulando con funcionarios y droguerías para el direccionamiento de compras, aprovechando su doble condición de empleada privada y funcionaria informal del Estado.
Desde su puesto, operaba el sistema Sipfis, la plataforma que administra las compras de medicamentos de alta complejidad, donde “gestionaba y agrupaba tickets”, un paso técnico decisivo que definía qué medicamentos entraban en cada convocatoria y qué droguerías quedaban en ventaja.
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La red externa y el control sobre las adjudicaciones
Sobre Ferrari operaba Pablo H. Van, empleado de Roche y exfuncionario de Andis entre 2018 y 2019, señalado como “uno de los jefes operativos externos del esquema”. A través de chats y documentos incautados se comprobó que H. Van mantenía contacto directo con funcionarios y empresarios, definiendo “habilitaciones, pagos, instrucciones y direccionamientos de contrataciones”. El fiscal sostiene que tenía control sobre varias droguerías adjudicatarias, entre ellas Génesis Sociedad Anónima, e influía en la adjudicación de contratos millonarios.
El sistema permitía elegir qué proveedores podían cotizar, excluir competidores reales, armar licitaciones a medida y asegurar sobreprecios de entre el 50% y el 2000%.
El dictamen fiscal lo resume con crudeza: “La Andis funcionó como una ventanilla de pagos direccionados, administrada por agentes externos, con vínculos en droguerías y laboratorios, quienes tomaban decisiones públicas en favor de intereses privados”.
El entramado Calvete y la cartelización de droguerías
En paralelo al núcleo Roche-Ferrari-H. Van, el fiscal expuso una red de empresas, droguerías y operadores vinculados al detenido Miguel Ángel Calvete, exrepresentante de supermercados chinos y operador de laboratorios. Calvete manejaba una estructura empresarial que incluía Profarma Sociedad Anónima, donde su socia era directora titular, y otras firmas que hacían negocios directos con Andis.
Las dos droguerías que acapararon el 93,1% de los 30.337 millones de pesos adjudicados entre julio de 2024 y agosto de 2025 fueron Profarma Sociedad Anónima y Génesis Sociedad Anónima, esta última vinculada a H. Van. Génesis incluso compró una camioneta de alta gama cuyos permisos de conducción estaban a nombre de H. Van. Otras empresas como N. Farma Sociedad Anónima y Floresta Sociedad Anónima recibieron más del 50% de las adjudicaciones en implantes, audífonos e insumos.
Coimas y reparto del botín
La justicia sospecha que parte de esos sobreprecios se utilizaban para pagar coimas a funcionarios de Andis. En los cuadernos secuestrados a Calvete aparecieron empresas con porcentajes de reparto, mientras que mensajes con dueños de empresas de implantes auditivos revelaban discusiones sobre cómo “sacar entre 1.600 y 1.700 palos”, una muestra contundente del volumen del desfalco.
Este sistema perverso, diseñado desde al menos 2018 según la investigación, involucraría también a gestiones anteriores, demostrando la persistencia de un esquema que vació los fondos destinados a la discapacidad mientras empresas y funcionarios se beneficiaban ilegítimamente.
La investigación judicial continúa avanzando mientras se profundiza en los vínculos entre funcionarios, empresas y operadores que convirtieron un organismo esencial para la discapacidad en una máquina de desvío de recursos públicos.
