400 millones de dólares para modernizar el sistema eléctrico: el préstamo que acordó el Gobierno tras el apagón masivo en el AMBA
La operación fue formalizada el lunes 19 de enero e implica un financiamiento orientado a mejorar el sistema energético y evitar cortes de luz tras el apagón masivo en el AMBA reportado en los últimos días.
Para enfrentar la vulnerabilidad estructural del sistema eléctrico argentino, el Gobierno obtuvo la aprobación de un crédito por USD 400 millones otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF). La confirmación del financiamiento llega tras los cortes de luz registrados a finales de 2025 y el apagón masivo que afectó a cerca de un millón de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el pasado jueves 15 de enero.
La operación fue formalizada este lunes 19 de enero mediante el Decreto 23/2026 publicado en el Boletín Oficial. Esto implicará el financiamiento de un Programa de Enfoque Sectorial Amplio para el Apoyo a la Sostenibilidad del Sector Energético, orientado a modernizar el sistema y mejorar la asignación de subsidios.
El incremento de la demanda eléctrica durante las jornadas de calor extremo volvió a exponer la fragilidad del sistema. El 15 de enero, con una sensación térmica cercana a los 35°, una falla en la Subestación Morón de Edenor provocó un apagón que dejó sin suministro a casi un millón de hogares.
Según datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), durante el semestre septiembre 2024–febrero 2025, Edesur superó con amplitud los parámetros regulatorios con un promedio de 4,12 cortes por usuario frente al límite de 2,07 y una duración de 7,37 horas frente a las 3,81 pautadas. Mientras que Edenor registró 1,39 cortes y 3,58 horas, ambos indicadores dentro de los objetivos establecidos.
El programa asociado al crédito se estructurará en cuatro ejes:
- Fortalecimiento regulatorio e institucional
- Mejoras en la focalización de subsidios
- Promoción de la eficiencia energética y otras acciones complementarias
- Redefinir los instrumentos de subsidios energéticos priorizando la protección de los hogares vulnerables y disminuyendo las transferencias generalizadas.
La iniciativa incluye el desarrollo de sistemas de información para una identificación más precisa de los beneficiarios y el refuerzo de los mecanismos de coordinación entre organismos públicos. Desde el punto de vista institucional, el acuerdo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) prevé actualización normativa, modernización administrativa y asistencia técnica para mejorar la gobernanza del sector.
El programa también incorpora medidas orientadas a fomentar un uso más eficiente de la energía eléctrica tanto en la demanda como en el sector público. El Banco Central señaló que el impacto de la operación en la balanza de pagos será reducido, mientras que la Oficina Nacional de Crédito Público evaluó que el costo financiero del préstamo resulta inferior al que el país afrontaría en el mercado.
Qué otras políticas vinculadas a la infraestructura energética anunció el Gobierno
Este préstamo se complementa con otras iniciativas recientes destinadas a robustecer la infraestructura energética. En diciembre de 2025, la Corporación Financiera Internacional (IFC) dependiente del Banco Mundial aprobó una inversión adicional de USD 300 millones en Central Puerto para ampliar la capacidad de generación y almacenamiento de energía. Además, también se lanzó el Plan Nacional de Obras de Ampliación del Transporte Eléctrico, con una cartera de más de USD 6.600 millones, cuyo objetivo es reducir riesgos de interrupciones, reforzar la red de alta tensión y resolver los cuellos de botella que aún dificultan el traslado de energía entre centros de producción y consumo.
La ejecución del nuevo crédito estará a cargo de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético y la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, dependientes del Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo. A diferencia de financiamientos destinados a obras específicas, el préstamo se configuró como apoyo presupuestario sectorial para acompañar políticas públicas que prioricen la sostenibilidad fiscal, la eficiencia y la equidad distributiva en la asignación de recursos al sistema energético nacional.