La CGT se presentó ante la Justicia y busca frenar la implementación de la Reforma Laboral: “Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar”
La presentación judicial se realizó ante el Juzgado Contencioso N° 7 a cargo de Enrique Lavie Pico.
La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un amparo judicial de en un intento por detener la implementación de la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno y que viene de ser aprobada en el Congreso. El movimiento significó un nuevo capítulo en la disputa entre la central obrera y la Casa Rosada trasladando la batalla desde el terreno político y social hacia el fuero del Trabajo.
Según trascendió, el documento presentado por los abogados de la CGT solicita una medida cautelar con el objetivo de suspender la vigencia de los artículos considerados polémicos dentro de la reforma, bajo el argumento de que vulneran derechos adquiridos e incumple ordenes constitucionales.
“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, dijo Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT.
Los ejes del planteo judicial de la CGT para judicializar la Reforma Laboral
- Cuestionamiento del procedimiento legislativo: La central obrera sostiene en su presentación que las herramientas legislativas utilizadas por el Gobierno para implementar la reforma no respetan los procedimientos parlamentarios necesarios, por lo cual solicitan que se declare su inconstitucionalidad por vicios en la forma.
- Impugnación de puntos específicos: El escrito detalla que la reforma altera elementos concretos del derecho laboral —como los períodos de prueba, el sistema de multas y las indemnizaciones—, argumentando que estas modificaciones impactan negativamente en la estabilidad del trabajador.
- Falta de concertación: En el documento presentado ante la Justicia, la CGT hace constar formalmente que no se realizaron instancias de diálogo o concertación tripartita (Gobierno, empleadores y trabajadores) de manera previa a la oficialización de los cambios.
Con la presentación realizada, la causa quedó radicada en el Juzgado Contencioso N°7 a cargo de Enrique Lavié, donde el magistrado de turno deberá evaluar si otorga el freno solicitado por la central obrera. Mientras tanto, el Gobierno se mantiene firme en la defensa de su paquete normativo calificándolo como un “pilar fundamental” para incentivar la contratación formal y modernizar un mercado laboral que, según la visión oficial, se encuentra estancado hace décadas.
Para el Ejecutivo, este paso legal de la CGT era una medida esperada y forma parte de la resistencia habitual frente a cambios estructurales. Sin embargo, la resolución de este litigio será clave: un fallo a favor de los sindicatos podría obligar al Gobierno a rediseñar sus planes económicos, mientras que un rechazo judicial significaría un triunfo político importante para la gestión actual despejando el camino para la aplicación plena de la Reforma.
