Qué es la “Ley Rodrigo”, el proyecto que busca prohibir los celulares en las cárceles bonaerenses
El proyecto de ley fue presentado por el diputado bonaerense Oscar Liberman, de La Libertad Avanza, tras el trágico hecho del soldado Rodrigo Gómez, quien se quitó la vida tras haber sido víctima de una red de extorsión que operaba desde el interior de una cárcel.
A raíz del impacto generado por el suicidio del soldado del Ejército Argentino Rodrigo Gómez, víctima de una red de extorsión que operaba desde el interior de una unidad penal, el diputado bonaerense Oscar Liberman de La Libertad Avanza presentó una iniciativa legislativa para prohibir el uso de dispositivos móviles en los establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires.
El proyecto, denominado simbólicamente como “Ley Rodrigo”, contó con el asesoramiento técnico de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y del camarista Carlos Pagliere. La propuesta busca modificar la Ley 12.256 de Ejecución Penal para establecer que los internos no puedan poseer celulares ni ningún equipo con capacidad de conectarse a redes de datos.
Restricciones y nuevos controles: los detalles del proyecto de “Ley Rodrigo”
La iniciativa establece que las comunicaciones de las personas privadas de su libertad deberán realizarse exclusivamente mediante equipos fijos o dispositivos provistos y supervisados por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). El texto propone límites claros:
- Tiempo de uso: Un máximo de dos horas diarias por interno.
- Contactos registrados: Las llamadas solo podrán dirigirse a un listado previo de hasta cinco personas autorizadas.
- Supervisión: El SPB tendrá la facultad de monitorear los contactos para resguardar el orden público y la seguridad de las víctimas.
Además, el proyecto dispone la instalación obligatoria de sistemas de inhibición o bloqueo de señal en los pabellones y sectores de alojamiento, medida que debería implementarse de forma gradual.
En los fundamentos del proyecto, Liberman subrayó que las cárceles deben cumplir una finalidad preventiva: “Este mandato implica no sólo la prohibición de tratos crueles, sino también la obligación estatal de garantizar que el encierro cumpla su finalidad preventiva y no se convierta en un ámbito desde el cual se continúe delinquiendo”, sostuvo el legislador.
La norma busca derogar el protocolo vigente desde la pandemia (Resolución N° 47688/20), que permitía el uso excepcional de celulares personales dentro de las unidades. Según el autor de la iniciativa, la nueva regulación tiene por objetivo “adecuar el régimen de comunicaciones de las personas privadas de libertad a las exigencias actuales de seguridad pública”.
Procedimiento para el retiro de equipos
De aprobarse la ley, se activaría un esquema transitorio para retirar los teléfonos en poder de los reclusos:
- Los internos tendrían un plazo de 24 horas para entregar voluntariamente sus dispositivos.
- Los equipos registrados podrían ser retirados por familiares tras un período de seis meses.
- Los dispositivos no declarados o no entregados serían secuestrados mediante requisas y, posteriormente, destruidos en un acto público.
La iniciativa surge en sintonía con pedidos similares de otros sectores políticos. Días atrás, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, solicitó formalmente a la Justicia provincial que se anule la autorización para el uso de celulares en los penales argumentando que la emergencia sanitaria que originó la medida ya finalizó.
