El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo programa destinado a detectar y bloquear celulares dentro de las cárceles provinciales, con el objetivo de impedir que las personas privadas de su libertad utilicen estos dispositivos para coordinar actividades ilícitas desde los establecimientos penitenciarios.
La iniciativa amplía un mecanismo que ya funcionaba en las unidades del Servicio Penitenciario Federal y ahora podrá extenderse a las cárceles de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. La adhesión será voluntaria y cada jurisdicción deberá suscribir un convenio específico para incorporarse al sistema.
Cómo funcionará el bloqueo de celulares en las cárceles
El programa fue oficializado mediante la Resolución 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional y establece un mecanismo para identificar los teléfonos que se encuentren activos dentro de las áreas restringidas de los establecimientos penitenciarios.
Para detectar cada dispositivo se tendrán en cuenta tres datos:
- IMEI: es el código que identifica de manera individual a cada teléfono celular.
- IMSI: permite identificar la línea o tarjeta SIM asociada al dispositivo.
- Número telefónico: corresponde a la línea utilizada por el equipo.
Una vez identificados estos datos dentro de las zonas restringidas, serán enviados a las empresas de telefonía, que deberán ejecutar el bloqueo correspondiente.
Las provincias no podrán bloquear los celulares directamente
Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es que las provincias que adhieran no podrán solicitar directamente a las compañías telefónicas la inhabilitación de los equipos.
El Ministerio de Seguridad Nacional funcionará como una ventanilla única entre las jurisdicciones y las empresas de telefonía. De esta manera, los pedidos de bloqueo deberán canalizarse a través del organismo nacional.
El sistema se basa en el artículo 160 de la Ley 24.660, que establece la prohibición de las comunicaciones mediante teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios.
A su vez, el programa toma como referencia un manual de procedimiento técnico elaborado por el ENACOM, aprobado semanas atrás mediante la Resolución 734/2026.
Qué deberán hacer las provincias que adhieran
La implementación del sistema establece distintas responsabilidades para las autoridades provinciales y penitenciarias.
El ministerio provincial que tenga competencia sobre el sistema penitenciario deberá identificar los equipos que se encuentren activos en las zonas restringidas y enviar la información a la ventanilla nacional.
Por su parte, el servicio penitenciario de cada jurisdicción tendrá que realizar un monitoreo remoto de los sistemas de detección y comunicar inmediatamente cualquier incidente que se registre.
Una vez que las empresas de telefonía reciban la solicitud formal de bloqueo, tendrán un plazo máximo de 48 horas para confirmar que la medida fue ejecutada.
El programa busca ampliar una medida que ya funcionaba en cárceles federales
La nueva iniciativa representa una extensión de la política de detección y bloqueo de celulares que el Gobierno ya había aplicado en el ámbito federal.
Según establece la resolución, el Ministerio de Seguridad Nacional había autorizado previamente al Servicio Penitenciario Federal a instalar dispositivos destinados a detectar y bloquear los identificadores IMEI e IMSI dentro de sus establecimientos.
Con el nuevo programa, ese mecanismo podrá llegar a las cárceles provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, siempre que las respectivas jurisdicciones decidan adherir.
Quién estará a cargo de implementar el programa
La coordinación de la iniciativa estará en manos de la Subsecretaría de Articulación Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.
El organismo deberá trabajar junto con las jurisdicciones interesadas en incorporarse al programa y tendrá además la facultad de suscribir los convenios de adhesión con las provincias.
De esta manera, el Gobierno busca establecer un sistema coordinado a nivel nacional para impedir que los teléfonos celulares detectados dentro de áreas penitenciarias restringidas puedan continuar funcionando y ser utilizados para planificar o coordinar maniobras ilícitas desde las cárceles.
