El Gobierno nacional puso en marcha una nueva estrategia relacionada con la defensa del Atlántico Sur y la protección de los recursos naturales en las Islas Malvinas. Lo hizo mediante dos decretos publicados este viernes 4 de septiembre de 2026 en el Boletín Oficial, después de los anuncios formulados por el presidente Javier Milei.
Las medidas tienen dos componentes centrales. Por un lado, el Poder Ejecutivo modificó el presupuesto vigente con el objetivo de destinar más recursos al Ministerio de Defensa y fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas. Por otro, designó a la Cancillería como autoridad responsable de aplicar la legislación que sanciona la exploración y explotación de hidrocarburos sin autorización argentina.
Qué cambia en el presupuesto de Defensa
El DNU 867/2026 introduce modificaciones sobre el Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente al ejercicio 2026. Entre sus objetivos se encuentra incrementar los recursos destinados al Ministerio de Defensa para mejorar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.
Según los fundamentos oficiales, las partidas estarán orientadas a la incorporación, recuperación y modernización de medios y equipamiento militar. La norma también contempla adecuaciones vinculadas con salarios, inteligencia y otras funciones consideradas necesarias para la prestación de servicios estatales esenciales.
El decreto, sin embargo, no presenta en su texto principal un porcentaje único de aumento destinado exclusivamente a Defensa. El detalle de las modificaciones presupuestarias debe analizarse mediante las planillas anexas y las distribuciones correspondientes a las distintas jurisdicciones.
La adecuación alcanza además a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, conocida como CONAE, cuyos proyectos y actividades recibirán mayores recursos. Esto amplía el alcance de la decisión más allá del equipamiento estrictamente militar e incorpora capacidades tecnológicas y espaciales que pueden resultar relevantes para el control territorial y marítimo.
Cancillería podrá investigar posibles infracciones en Malvinas
El segundo eje de la estrategia se encuentra en el Decreto 868/2026, que designa al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación de la Ley 26.659. Esta legislación regula las condiciones bajo las cuales pueden realizarse actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
La norma alcanza a personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades hidrocarburíferas sin la habilitación de las autoridades argentinas. También contempla supuestos de participación directa o indirecta, prestación de servicios y vínculos societarios con compañías involucradas en operaciones no autorizadas.
Con la nueva reglamentación, los organismos de la Administración Pública Nacional deberán comunicar a la Cancillería cualquier hecho que pueda constituir una infracción. El plazo establecido para realizar ese reporte es de cinco días hábiles administrativos desde que se toma conocimiento del caso.
Cómo será el procedimiento para aplicar sanciones
Cuando existan elementos suficientes para avanzar con una investigación, la autoridad de aplicación deberá notificar al presunto responsable. A partir de esa comunicación, la persona o empresa involucrada contará con diez días hábiles administrativos para presentar su descargo y ofrecer pruebas.
Luego de evaluar la documentación y los argumentos presentados, la Cancillería dispondrá de otro plazo de diez días hábiles administrativos para resolver el expediente. Podrá archivar las actuaciones si considera que no se acreditó una infracción o aplicar las sanciones contempladas por la legislación.
La elección de la Cancillería como autoridad de aplicación busca coordinar el procedimiento sancionatorio con la estrategia diplomática argentina. De esta manera, las actuaciones administrativas sobre hidrocarburos quedan vinculadas con la posición internacional del país respecto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes.
El impacto de la medida sobre las empresas que ingresen al RIGI
El Decreto 868/2026 también introduce exigencias relacionadas con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, RIGI. Las empresas y los Vehículos de Proyecto Único que soliciten adherirse al régimen deberán presentar una declaración jurada sobre su actuación en materia hidrocarburífera.
En ese documento tendrán que declarar que la compañía, sus accionistas y demás participantes directos o indirectos no realizan ni realizarán actividades alcanzadas por las prohibiciones de la Ley 26.659. El control busca impedir que sociedades presuntamente vinculadas con operaciones no autorizadas obtengan beneficios tributarios, aduaneros o cambiarios en la Argentina.
Un criterio similar se aplicará sobre permisos, concesiones, autorizaciones y habilitaciones correspondientes al sector de hidrocarburos. La Cancillería quedará facultada para intervenir y determinar si existen conductas incompatibles con la normativa argentina.
Por qué los decretos vuelven a poner a Malvinas en el centro de la agenda
Las medidas representan un cambio operativo porque combinan mayor financiamiento para Defensa, controles empresariales y coordinación diplomática. No se trata únicamente de una ratificación política del reclamo argentino, sino de la creación de herramientas administrativas para actuar frente a posibles operaciones sin autorización nacional.
El Gobierno relaciona esta estrategia con los proyectos petroleros en la Cuenca Malvina Norte y con el interés por proteger recursos naturales no renovables. En ese contexto, la gestión considera que el fortalecimiento presupuestario y el régimen de sanciones pueden ampliar la capacidad del Estado para responder ante actividades que contradigan la legislación argentina.
El alcance definitivo dependerá de la ejecución de las partidas, de los controles realizados por los organismos públicos y de las actuaciones que inicie la Cancillería. Por ahora, la publicación de ambos decretos establece un nuevo marco político y administrativo para la Defensa Nacional y la protección de los recursos del Atlántico Sur.
