Según la CONADU, los salarios universitarios son los más bajos desde la vuelta de la democracia: “No llegan a cubrir los gastos básicos”
La titular de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Clara Chevalier, profundizó en torno a los sueldos del sector y consideró que esta situación refleja un deterioro del poder adquisitivo.
La titular de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Clara Chevalier, afirmó que los sueldos del sector están entre “los más bajos desde la restauración de la democracia” en Argentina y dijo que algunos no superan los $500.000 mensuales. Para la dirigente, los salarios del sector universitario “no llegan a cubrir los gastos básicos como alquiler y alimentos”.
Chevalier brindó declaraciones recientes y dijo que esta situación no solo refleja un deterioro del poder adquisitivo, sino “una ruptura del consenso histórico sobre la importancia de invertir en educación pública como política de Estado”. Además, destacó que muchos docentes hoy perciben menos de medio millón de pesos mensuales, una cifra que, en términos reales, no resulta suficiente para garantizar condiciones de vida mínimas.
“Nos encontramos con un Gobierno que viene a romper con el consenso de que un país debe invertir en educación y socava las bases de la idea del Estado-Nación argentino”, subrayó. La docente y sindicalista expresó que “bajo el argumento de que ‘plata no hay’, el Gobierno recorta las funciones del estado básicas como la educación. Hay docentes universitarios que no están pudiendo cubrir ni el alquiler ni la comida”.
Chevalier aseguró que “hay un ensañamiento con la Universidad y con la Ciencia, que tiene un componente no económico, sino un enfrentamiento puramente ideológico”. Cabe recordar que el Ejecutivo no aplicó la Ley de Financiamiento Universitario al igual que la Ley de Emergencia en Discapacidad, hecho que tensionó su relación con los espacios dialoguistas.
Presupuesto 2026: así es la estrategia del Gobierno para reasignar partidas en Universidades y Discapacidad
Tras la media sanción al Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados y el retiro del polémico Capítulo XI, que proponía la derogación de leyes como la de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad, el Poder Ejecutivo nacional evalúa una estrategia alternativa para alcanzar el objetivo de déficit cero antes de su tratamiento en el Senado.
Javier Milei analiza la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias mediante un decreto, destinándolas a las mencionadas leyes de Universidades y Discapacidad sin afectar el equilibrio fiscal. La opción que se estudia se sustenta en la facultad que otorga el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, que permite al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizar “reestructuraciones presupuestarias” a través de decisiones administrativas.
La idea de una reasignación presupuestaria surge tras el rechazo de la iniciativa oficial de eliminar las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad en Diputados que se había incluido en el proyecto original. Con ese capítulo fuera del texto, el oficialismo apuesta a que el proyecto pueda avanzar en el Senado con menor resistencia política, aunque tuvo que lidiar con reparos de sectores opositores, como la Unión Cívica Radical en otros artículos, como el 30.
