La Iglesia cuestionó la baja de la edad de imputabilidad que impulsa el Gobierno y pidió priorizar la educación y la prevención
A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Argentina advirtió que el debate centrado en el castigo a menores simplifica una problemática compleja y reclamó un abordaje integral de la delincuencia juvenil, mientras crece la tensión política entre el Gobierno y la oposición.
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) difundió un comunicado donde cuestionó que el debate por la baja de la imputabilidad que impulsa el Gobierno se centra casi en exclusividad en el castigo a los menores. Por este motivo, reclamó un abordaje más integral de la problemática de la delincuencia juvenil.
Este pronunciamiento se dio en medio de la discusión parlamentaria por el proyecto de ley que propone reducir la edad a fin de que los adolescentes puedan ser condenadas penalmente. La Iglesia, a través del comunicado “Para los jóvenes, más educación y más comunidad”, expresó su preocupación ante las intenciones políticas de bajar la imputabilidad.
“Deseamos compartir algunas reflexiones ante propuestas que presentan la baja de la edad de imputabilidad como única respuesta del Estado frente a situaciones dolorosas que conmueven a la sociedad”, señaló el texto en su principio.
La Iglesia busca poner el foco en las políticas de prevención y educación
El documento, firmado por los arzobispos de Mendoza, Córdoba, Jujuy y San Isidro, advirtió que poner el foco casi exclusivamente en la pena deja en un segundo plano aquello que consideran verdaderamente necesario: las políticas que previenen, educan y acompañan a niños y adolescentes.
Por ello, destacan que una discusión limitada a la edad de imputabilidad corre el riesgo de simplificar una realidad compleja que involucra a múltiples actores, como la familia, la escuela, la comunidad y el propio Estado.
La Conferencia Episcopal también recordó un comunicado publicado en marzo de 2025, en el que ya había planteado interrogantes sobre las consecuencias prácticas de una eventual baja de la edad de imputabilidad. Entre otras preguntas, los obispos preguntaron dónde serían recluidos los menores, qué dispositivos existen en las provincias para alojar a adolescentes que delinquen y qué alternativas reales hay para educarlos y reinsertarlos socialmente. “Sabemos cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios. ¿En serio creemos que esa es la solución?”, cuestionan.
A partir de estas reflexiones, el comunicado sostiene que es imprescindible avanzar hacia un régimen penal juvenil que tenga una mirada humana, integral y abierta a la esperanza. En línea con el legado salesiano y los 150 años de presencia de esa congregación en la Argentina, la Iglesia insiste en una propuesta centrada en educar, acompañar y prevenir, más que en castigar. “El desafío es fortalecer políticas educativas y comunitarias que construyan futuro, más que debates que profundizan divisiones”, afirman.
El texto concluyó reafirmando que la verdadera prevención surge del cuidado compartido: familias acompañadas, comunidades comprometidas, un Estado presente y una sociedad que no se resigna a perder a sus niños y jóvenes.
En paralelo a este pronunciamiento, el debate político se intensificó: la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, cruzó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por rechazar la baja de la edad de imputabilidad. A través de sus redes sociales, lo acusó de no preocuparse por la seguridad ni por las víctimas y de estar “siempre del lado de los delincuentes”.
Bullrich cuestionó que Kicillof considere que la medida no es una solución de fondo y lo desafió a explicarlo a las familias que perdieron a seres queridos a manos de menores. “¿Se animará a decirle en la cara a las familias que perdieron a un hijo, a un padre o a una madre a manos de un menor que no hay que cambiar la edad de imputabilidad y que no le molesta que estén en su casa, libres y sin consecuencias?”, sentenció Bullrich. De esta manera, la discusión continúa polarizada entre enfoques punitivos y miradas que priorizan la prevención y la inclusión social.
