
El exdictador de Siria, Bashar al Asad, fue condenado a muerte en ausencia este martes 11 de agosto de 2026 por un tribunal penal de Damasco. El exmandatario, derrocado en diciembre de 2024 y actualmente exiliado en Moscú, fue declarado culpable de distintos delitos, entre ellos crímenes de lesa humanidad, tortura, detenciones arbitrarias y asesinatos premeditados.
Se trata de la primera sentencia pública contra Al Asad desde su salida del poder, después de más de dos décadas al frente de Siria. El fallo fue dictado por el juez Fakhr al Din al Uryan, del Tribunal Penal número 4 de Damasco.
Durante la audiencia, el magistrado sostuvo que Al Asad tuvo la máxima responsabilidad en la toma de decisiones que derivaron en los crímenes cometidos durante la represión de las protestas iniciadas en 2011. El tribunal consideró probado que el exmandatario movilizó instituciones estatales para llevar adelante acciones represivas contra la población.
Al Asad fue declarado culpable por el asesinato premeditado e intencional de varias personas, incluidos niños, además de delitos de tortura y detención arbitraria y la comisión de crímenes de lesa humanidad. El exdictador no estuvo presente en el juicio, debido a que permanece en Rusia, donde recibió asilo después de su derrocamiento.
También condenaron a Maher al Asad y otros acusados
La sentencia alcanzó a otras ocho personas. Entre ellas se encuentra Maher al Asad, hermano del exmandatario, y Atef Najib, su primo y antiguo jefe de la rama de Seguridad Política en Deraa.
Najib fue el único de los acusados que estuvo presente durante la audiencia. El tribunal lo responsabilizó por su participación en los interrogatorios y la represión de los manifestantes durante las primeras protestas contra el gobierno. También fue condenado por su responsabilidad en los operativos realizados contra la mezquita Omari de Deraa, uno de los principales centros de las movilizaciones antigubernamentales de 2011.
La mezquita Omari y el comienzo de la guerra en Siria
La mezquita Omari se convirtió en marzo de 2011 en un punto central de las primeras protestas contra el gobierno de Al Asad. Las fuerzas de seguridad irrumpieron en varias oportunidades en el templo y, según las investigaciones citadas por el tribunal, decenas de manifestantes murieron durante la represión.

A Najib también se le atribuye un papel en el inicio de las protestas debido a la detención y tortura de niños que habían realizado grafitis contra el gobierno en una escuela.
Después del comienzo del levantamiento, fue trasladado a Idlib y posteriormente permaneció oculto durante años. Estados Unidos y la Unión Europea lo sancionaron en 2011, y finalmente, fue detenido en una operación de seguridad realizada en Latakia el 31 de enero de 2025.
El primer juicio de la justicia transicional siria
El proceso representa un hecho histórico para Siria, ya que constituye el primer juicio del período de justicia transicional y el primer procesamiento público de un exalto funcionario de seguridad por la represión de las protestas de 2011. La causa comenzó el 26 de abril en Damasco y acumuló nueve audiencias hasta llegar al fallo de este martes.
Además de los familiares de las víctimas, participaron de la audiencia el fiscal general Hasan al Turbeh, el jefe de la Comisión de Justicia Transicional, Abdulbaset Abdullatif, representantes de organizaciones jurídicas y humanitarias internacionales y otros integrantes de la comisión.
La condena marcó uno de los primeros pasos judiciales del nuevo escenario político sirio tras el derrocamiento de Bashar al Asad y abrió una nueva etapa en la búsqueda de responsabilidades por los crímenes cometidos durante los años de guerra.

















