
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) consiguió avanzar en el Congreso, aunque todavía deberá superar una nueva instancia legislativa. El Senado aprobó el proyecto impulsado por el oficialismo con 46 votos afirmativos y 22 negativos, pero modificó uno de sus artículos centrales. Por ese motivo, la iniciativa tendrá que regresar a la Cámara de Diputados.
El cambio acordado en la Cámara alta afecta directamente el procedimiento previsto para designar y remover al presidente y a los directores del Banco Central. La decisión no es menor, ya que altera el equilibrio institucional planteado en la versión que había recibido media sanción en Diputados y obliga a los legisladores de la Cámara baja a revisar nuevamente el texto.
El cambio que modificó el futuro de la reforma del BCRA
La versión aprobada originalmente por Diputados contemplaba que una eventual remoción de las autoridades monetarias debía atravesar un proceso con participación del Poder Ejecutivo y ambas cámaras del Congreso. Además, exigía una mayoría de dos tercios de los legisladores presentes para avalar la decisión.
Durante el tratamiento en el Senado, el oficialismo aceptó modificar ese mecanismo para conseguir el respaldo de bloques aliados y sectores dialoguistas. El nuevo esquema establece que la designación y la remoción de las autoridades del BCRA quedarán bajo la órbita del Senado, con una mayoría absoluta. En términos prácticos, serán necesarios al menos 37 votos para aprobar esas decisiones.

También se dispuso que el presidente y los integrantes del Directorio tengan mandatos de seis años. De esta manera, la duración de los cargos no coincidiría necesariamente con el período presidencial, una característica orientada a otorgar mayor continuidad institucional a la conducción de la entidad monetaria.
La modificación alcanzó un respaldo particularmente amplio durante la votación en particular: obtuvo 66 votos a favor y solamente dos en contra. Incluso sectores que rechazaron la reforma en términos generales acompañaron el nuevo mecanismo para las autoridades monetarias.
Por qué el proyecto debe volver a la Cámara de Diputados
Como Diputados ya había otorgado media sanción a una versión diferente, el proyecto no pudo convertirse directamente en ley. La Cámara baja deberá ahora decidir si acepta la redacción aprobada por el Senado o si intenta mantener el esquema original.
La cantidad de votos obtenida por la modificación en el Senado será un factor relevante durante esa discusión. Si Diputados pretende insistir con su texto original, tendrá que alcanzar la mayoría correspondiente dentro del procedimiento constitucional previsto para proyectos que reciben cambios de la cámara revisora.

El oficialismo consiguió de esta forma un avance importante, pero todavía no logró la sanción definitiva. La discusión que se producirá en Diputados determinará si el nuevo diseño institucional del Banco Central queda aprobado o si se abre otra instancia de negociación política.
El Banco Central tendría una misión prioritaria
Más allá del procedimiento para nombrar y remover autoridades, la reforma propone una transformación profunda en los objetivos del BCRA. El texto establece que su función única, primaria y fundamental será preservar el valor de la moneda.
Este punto reemplaza el enfoque incorporado en 2012, que incluía entre las responsabilidades del organismo la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Según los fundamentos del proyecto, la acumulación de objetivos dificulta la evaluación de la política monetaria y diluye la responsabilidad central de la institución.
Con la nueva redacción, el Directorio también perdería atribuciones para orientar el crédito hacia las pequeñas y medianas empresas o las economías regionales. La iniciativa sostiene que esas tareas deberían quedar en manos de entidades de fomento y no formar parte de las funciones esenciales de un banco central.
Nuevos límites para el giro de utilidades al Tesoro
Otro eje relevante está relacionado con la forma en que el BCRA puede transferir resultados al Estado. La propuesta determina que solamente podrán distribuirse utilidades líquidas y efectivamente realizadas, dejando fuera de los giros aquellos beneficios contables generados por una modificación en el precio del dólar o del oro.
Las ganancias derivadas de esas variaciones deberán incorporarse al capital de la entidad. En tanto, otros resultados que todavía no se hayan concretado quedarán inmovilizados en una reserva especial y no podrán ser enviados al Tesoro hasta su realización.
El proyecto también establece una condición patrimonial: antes de efectuar una transferencia, la reserva general y las demás reservas de resultados deberán representar, como mínimo, el 50% del capital del Banco Central. En caso de autorizarse el giro, los recursos solamente podrán utilizarse para cancelar deuda pública.
Qué otros cambios incluye la reforma
La iniciativa declara la inembargabilidad de los activos que integran las reservas internacionales y precisa qué instrumentos podrán utilizarse para invertirlas. También habilita el empleo de reservas como garantía en operaciones propias de un banco central y modifica disposiciones vinculadas con contratos financieros internacionales.
Además, concentra en el BCRA la regulación de los sistemas de pago y de las cámaras liquidadoras y compensadoras. A esto se suma la eliminación de la presencia de un delegado del Ministerio de Economía en las reuniones del Directorio y de determinadas normas que permanecían vigentes desde el régimen de convertibilidad.
La última palabra volverá a estar en manos de Diputados. Allí se definirá si la reforma avanza con el nuevo mecanismo acordado en el Senado o si el oficialismo necesita renegociar uno de los proyectos más importantes de su agenda económica.




















