Perú aprobó la extradición de Pequeño J a Argentina por el triple femicidio en Florencio Varela
El acusado se encuentra detenido en territorio peruano desde fines de septiembre tras la emisión de una notificación roja de Interpol. Los detalles de la extradición aprobada.
El Gobierno de Perú autorizó la extradición pasiva a la Argentina del ciudadano Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, en un pedido requerido por la Justicia argentina para ser procesado por el presunto delito de homicidio agravado, en una causa que investiga un triple femicidio ocurrido en septiembre de 2025 en Florencio Varela. La decisión quedó formalizada a través de la Resolución Suprema N.º 041-2026-JUS.
La medida se adoptó luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú declarara procedente, el 19 de noviembre de 2025, el pedido de extradición presentado por las autoridades argentinas. El acusado se encuentra detenido en territorio peruano desde fines de septiembre, tras la emisión de una notificación roja de Interpol.
En paralelo, el Juzgado Federal N.º 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, con secretaría del Dr. Ignacio Calvi, solicitó ampliar el alcance del pedido de extradición. El requerimiento apunta a incorporar nuevos delitos surgidos a partir del avance de la investigación por los asesinatos de Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, calificados como femicidios cometidos con violencia de género, alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas.
Según consta en el expediente, además de los cargos originales por homicidio agravado, la Justicia argentina incorporó nuevos elementos que vinculan al imputado con una presunta organización criminal dedicada al narcotráfico a gran escala. También se investigan hipótesis vinculadas a posibles delitos de trata y explotación sexual, así como eventuales maniobras de lavado de activos.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, el sospechoso habría formado parte de una estructura delictiva más amplia y el crimen de las tres víctimas estaría relacionado con disputas internas y represalias dentro de una red narco-criminal. Testimonios incorporados a la causa señalan que los asesinatos habrían sido ordenados como venganza por la supuesta sustracción de estupefacientes.
El pedido de ampliación se fundamenta en el Tratado Bilateral de Extradición entre Argentina y Perú y busca respetar el principio de especialidad, que impide juzgar a una persona extraditada por delitos no incluidos expresamente en el requerimiento original.
En forma simultánea, el juzgado solicitó a las autoridades peruanas la remisión anticipada de los elementos secuestrados al momento de la detención del acusado, en particular teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, para avanzar con peritajes forenses. El trámite se canalizó a través de los mecanismos de asistencia jurídica internacional previstos en convenios regionales.
La causa continúa en etapa de profundización investigativa en el fuero federal, con varias personas detenidas y otras prófugas, bajo la hipótesis de que los femicidios se produjeron en un contexto de criminalidad organizada vinculada al narcotráfico y la violencia de género.
