La oposición se sube al ring por el financiamiento de la ciencia y educación: qué puede pasar con el Presupuesto 2026
Los artículos que generan dudas en el oficialismo por la aprobación del presupuesto son el 12 y el 30 que implican dejar de financiar de manera obligatoria la educación técnica, las universidades públicas, los fondos para investigaciones científicas y el Fondo Nacional de Defensa.
La oposición busca que se deroguen algunos artículos clave del Presupuesto 2026 en la sesión del Senado referidos principalmente al financiamiento de la ciencia y educación.
Los artículos 12 y 30 del Proyecto de Ley son los controvertidos. El primero sujeta el financiamiento universitario al cumplimiento de requisitos de información ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano, como un condicionamiento. A partir de ello, se debate si estaría violando la autonomía universitaria ya que su financiamiento dependería del Ejecutivo.
Luego el artículo 30 del Presupuesto 2026 es el que presenta un mayor riesgo para el Gobierno porque se caerían los votos de la oposición dialoguista. El mismo busca derogar artículos de distintas legislaciones acerca del financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Educación Técnico Profesional; y del Fondo Nacional de la Defensa.
Universidades públicas y una nueva disputa por el financiamiento
El artículo 12 de la Ley de Presupuesto 2026 sostiene: “Las universidades deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación -que comanda Carlos Torrendell- del Ministerio de Capital Humano, la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en casos de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”.
En este sentido, un miembro de la oposición expresó a Infobae: “Entiendo la bronca por el 30, pero peor es el 12. Hay que revisar bien eso. Básicamente, te dice que si un funcionario considera que una universidad no le da la información que considera pertinente, cierra la canilla. Me parece demasiado”.
La autonomía universitaria en Argentina es un principio fundamental consagrado constitucionalmente (Art. 75, inc. 19, y Art. 76 CN) que otorga a las universidades nacionales la potestad de autogobernarse, dictar sus estatutos, elegir autoridades, administrar sus bienes y definir planes de estudio, sin injerencia política, siendo un pilar de la educación pública, gratuita y de calidad, con raíces en la Reforma de Córdoba de 1918 y reafirmada en 1994, permitiendo la libre investigación y la búsqueda de conocimiento. Los bloques dialoguistas y opositores temen que se esté afectando este derecho adquirido.
Desfinanciamiento de escuelas técnicas y ciencia: el bastión de la oposición
El artículo 30 del Presupuesto 2026 busca derogar el artículo 9 de la ley 26.206 de Educación Nacional; los artículos 5°, 6° y 7° de la ley 27.614 que financia a la ciencia, tecnología e innovación; el artículo 52 de la ley 26.058 de Educación Técnico Profesional y el inciso 1 del artículo 4° de la ley 27.565 del Fondef.
Esto implicaría dejar de destinar los montos mínimos de financiamiento para estas áreas. Hasta el momento, la legislación exige destinar el 6% del PBI al sistema educativo, el 1% al financiamiento de Ciencia y Tecnología, el 0,2% del presupuesto en educación técnica y el 0,8% del gasto presupuestario para reequipamiento de las fuerzas armadas.
El oficialismo busca derogar el rol del Estado como garante del financiamiento del sistema educativo. El peronismo y distintos bloques provinciales ya anticiparon su rechazo; y en el oficialismo advierten que, si ese artículo fuera rechazado en una eventual votación en particular del proyecto, a la Casa Rosada no le quedaría margen para continuar con la iniciativa.
De este modo, el kirchnerismo se puso al hombro la defensa de los estudiantes de escuelas técnicas. Julia Strada y Jorge Capitanich se sumaron a distintas campañas que velan por que continúe el financiamiento en estas escuelas.
La situación de los colegios técnicos se vuelve cada vez más crítica. Durante los meses de gestión de Milei, los fondos destinados a la Educación Técnico-Profesional se redujeron un 76%, lo que equivale a unos $295.870 millones, según un relevamiento del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA). La incertidumbre se profundiza con la eliminación del fondo de financiamiento del sector, que el Gobierno prevé suspender por completo a partir de 2026, poniendo en riesgo el futuro de un área clave para la formación industrial del país.
Voto a voto: qué se espera de cada bloque
La bancada de La Libertad Avanza, que conduce Patricia Bullrich, tiene asegurados más de 45 votos para aprobar en general el proyecto, aunque el oficialismo aún enfrenta incertidumbre en torno a estos dos artículos clave que generan resistencias dentro de la Unión Cívica Radical (UCR) y de otros aliados parlamentarios.
El oficialismo cuenta con 21 senadores propios, entre ellos Luis Juez, y el acompañamiento de una decena de radicales, tres legisladores del PRO, dos del Frente de la Concordia de Misiones, uno del bloque Independencia (Tucumán), uno por Salta, uno de La Neuquinidad, otro de Chubut y un representante de Provincias Unidas.
El peronismo, en tanto, llegará al debate con una posición fragmentada. Los senadores cercanos a gobernadores considerados dialoguistas se muestran dispuestos a avalar el Presupuesto, mientras que el sector alineado con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ratifica su rechazo a cualquier ajuste que afecte partidas destinadas a educación, ciencia y políticas sociales.
Dentro de ese esquema se ubica Convicción Federal, un bloque de cinco integrantes que forma parte del interbloque peronista “Popular”. Cuatro de sus senadores anticiparon su apoyo en la votación en general, mientras que el riojano Fernando Rejal aún no definió su posición, en sintonía con el gobernador Ricardo Quintela, quien se manifestó en contra de la iniciativa.
Para el Gobierno, el resultado de la sesión será clave para enviar una señal política de respaldo al rumbo económico. Para la oposición, en cambio, el debate aparece como una instancia para fijar límites al oficialismo. El escenario más complejo para La Libertad Avanza sería que el proyecto deba regresar a la Cámara de Diputados en segunda revisión, en un contexto de tiempos ajustados y con apenas dos días hábiles antes del cierre del año legislativo.
