Paro nacional de la CGT: la multa millonaria del Gobierno a los gremios que se adhirieron
A través del Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello, el Gobierno reveló los montos de las multas aplicadas a los gremios La Fraternidad y Unión Tranviaria Automotor (UTA) tras el paro nacional impulsado por la CGT en rechazo a la Reforma Laboral.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, confirmó que aplicará multas millonarias a los gremios de La Fraternidad y Unión Tranviaria Automotor (UTA). La medida se fundamentó en el incumplimiento de la conciliación obligatoria durante el paro nacional convocado el pasado 19 de febrero en rechazo a la Reforma Laboral.
Según pudo confirmar La Nación, las penalidades fijadas por la cartera que dirige Sandra Pettovello, a través de la Secretaría de Trabajo, alcanzan los 70.000 millones de pesos para la UTA y 20.000 millones de pesos para La Fraternidad. Estos montos fueron calculados en los sumarios administrativos iniciados a raíz de la participación de ambos sindicatos en el paro nacional de la CGT, que se llevó a cabo en la previa al tratamiento de la Reforma Laboral en el Congreso.
Desde el Ministerio de Capital Humano recordaron que antes de la medida de fuerza, se había intimado a ambos sectores a abstenerse de participar. El argumento oficial fue que al tratarse de actividades esenciales, la adhesión representaba una “violación a las normas legales que rigen la conciliación laboral obligatoria”, marco en el cual ambos gremios se encontraban desde el 14 hasta el 27 de febrero.
Para determinar las multas, el Ejecutivo aplicó los criterios del artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales -ratificado por la Ley N° 25.212-, que prevé multas del 50% al 2000% del valor mensual del Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada trabajador afectado. En un comunicado oficial, el Ministerio defendió su postura: “Dichas sanciones tienen el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”.
Desde el Ejecutivo, identificaron a los titulares de ambos gremios, Omar Maturano (La Fraternidad) y Roberto Fernández (UTA), como los principales responsables de no acatar la conciliación, asegurando que su participación fue clave para el impacto político del paro. Por su parte, los sindicatos rechazaron la legitimidad de las multas.
Mario Caligari, secretario de Prensa de la UTA, cuestionó el trasfondo de la decisión gubernamental en declaraciones a Ámbito Financiero. “Quieren aplicar una sanción política, porque no pensamos como de ellos, pero no tienen ningún fundamento más allá de la cuestión política”, sostuvo.
En un Congreso frenado, La Libertad Avanza espera la reforma política del Gobierno para reactivar su agenda en Diputados
La actividad en la Cámara de Diputados atraviesa una pausa en la segunda semana del período de sesiones ordinarias, a la espera de que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso el proyecto de reforma política con el que el oficialismo busca reactivar su agenda legislativa.
La iniciativa todavía no fue analizada en la mesa política del Gobierno, ámbito en el que se definen los alcances de los proyectos antes de su remisión al Parlamento. Según indicaron voceros oficiales, todas las propuestas legislativas que impulsa el Ejecutivo se discuten previamente en ese espacio para evaluar sus implicancias y posibles modificaciones, un paso que en este caso aún no se concretó.
Mientras tanto, en la Cámara baja solo queda pendiente el tratamiento de la Ley de Glaciares. El proyecto podría aprobarse en abril, luego de las audiencias públicas previstas para el próximo miércoles y jueves. Tras esas instancias se abrirá un plazo estimado de 15 días para la emisión del dictamen correspondiente.
El oficialismo busca eliminar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que el año pasado logró suspender; modificar el sistema de financiamiento de los partidos y habilitar la posibilidad de votar la lista completa mediante una única marca en la boleta.
