Complejo de Chapadmalal: más de 30 familias enfrentan el desalojo en 10 días y evalúan acciones legales tras la decisión del Gobierno
Trabajadores de la Unidad Turística denuncian que la intimación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) desconoce que las viviendas forman parte de sus condiciones laborales. El conflicto afecta a unas 50 propiedades y podría escalar a la Justicia ante la falta de respuestas oficiales.
Horas de importante incertidumbre viven más de treinta familias que residen en viviendas vinculadas a su empleo en la Unidad Turística Chapadmalal, tras recibir una intimación oficial para desalojar los espacios que habitan desde hace décadas. Esta situación se dio a conocer en los últimos días, lo que generó preocupación entre los trabajadores y se abrió un conflicto que podría llegar a escalar en el plano judicial, en caso de que no hubiera respuestas por parte del Gobierno.
La notificación fue emitida por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y a partir de allí se establece un plazo de 10 días para abandonar las viviendas. Al mismo tiempo, los afectados sostienen que se trata de inmuebles que forman parte de sus condiciones laborales y rechazan de manera contundente la acusación de ocupación irregular.
50 viviendas afectadas en Chapadmalal
Delegada de ATE y representante de un grupo de trabajadores, Florencia Marco Ruiz, explicó que en el documento los califica como “intrusos”, algo que consideran inadmisible. “Vivimos en estos pabellones hace más de 20 años. No es un favor: es parte de nuestro trabajo como empleados del Estado”, afirmó. Y señaló que los salarios del sector no dan lugar a poder afrontar un alquiler en el mercado formal, debido a que los ingresos oscilan entre los 500 mil y el millón de pesos.
Este conflicto involucra a unas 50 viviendas, aunque los más damnificados son unas 30 familias que ya recibieron la intimación. Incluso, desde el gremio sostienen que la medida podría estar relacionada con un proceso de concesión de la unidad turística a manos privadas.
“Quieren concesionar todo y dejarnos en la calle”, denunció la propia Marco Ruiz. Frente a la falta de respuestas oficiales, los trabajadores enviaron notas formales a la Jefatura de Gabinete y al área de Turismo, pero sostienen que hasta el momento no consiguieron una contestación oficial.
Entretanto, comenzaron a organizarse para dar una respuesta legal: “Tenemos 10 días para contestar y ya estamos asesorándonos. Nos vamos a defender”, adelantaron. Mientras tanto, la postura de este grupo es firme y sostienen que no abandonarán las viviendas sin una orden judicial.
“No vamos a aceptar que nos apuren sin ninguna firma de un juez”, recalcó Marco Ruiz. La controversia se enmarca en una decisión adoptada por el Gobierno nacional en abril del año pasado, cuando definió transferir las Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse a la AABE con el objetivo de avanzar en su concesión o eventual venta. En ese momento se informó que el argumento central fue el déficit operativo de estos complejos, que habría superado los 10 millones de dólares anuales, aunque se redujo significativamente en el último período.
Desde el sector privado hotelero se manifestaron a favor de la iniciativa tras considerar que la actividad debería quedar en manos de inversores particulares. Pero para los trabajadores, la discusión tiene un impacto directo que es la posibilidad no solo de perder su fuente laboral, sino también la casa donde viven desde hace años.
