El fiscal federal Guillermo Marijuán impulsó una investigación penal para determinar los motivos detrás de la quita del pliego de María Verónica Michelli en el Senado de la Nación. La presentación judicial plantea que el gobierno de Javier Milei incurrió en un presunto acto de discriminación ideológica y las autoridades habrían descartado la postulación para un tribunal platense debido al parentesco de la abogada con un cronista del diario La Nación.
La acusación originaria ingresó formalmente a los tribunales de Retiro mediante una presentación realizada por los apoderados del espacio Reset Republicano. Los denunciantes sostuvieron que la decisión del Gobierno prescindió por completo de la idoneidad técnica de la profesional y que el único fundamento de la exclusión radicó en su lazo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, ya que es su cuñada.
La polémica institucional generó repercusiones inmediatas y fisuras públicas en los sectores de la coalición de la cúpula cercana a Milei durante las últimas horas. La senadora Patricia Bullrich adoptó una postura autónoma y ratificó en sus redes sociales que recurrirá a la objeción de conciencia frente a la directiva de la Casa Rosada, por lo que formalizó su rechazo a la estrategia de oficialista.
El dictamen suscripto por el fiscal Marijuán trazó una hoja de ruta con requerimientos específicos orientados a la Presidencia de la Cámara Alta: solicitó un informe detallado sobre el estado administrativo del expediente de Michelli y deberá certificar la existencia de notas oficiales que justifiquen el retiro del pliego.
La estrategia procesal de la fiscalía contempla la convocatoria a declaración testimonial del periodista afectado por las publicaciones sobre la gestión estatal. Alconada Mon deberá comparecer ante los magistrados competentes para verificar los lazos civiles con Michelli, mientras que el tribunal indagará si existieron advertencias previas o condicionamientos políticos hacia su labor de investigación.
La imputación preliminar de la causa encuadra las conductas estatales dentro de las previsiones de la Ley Antidiscriminación número N° 23.592. La normativa vigente penaliza la destitución o el bloqueo de postulantes en el sector público por razones ajenas a la capacidad profesional, por lo que la eliminación de la candidatura por motivos de parentesco configuraría un delito de acción pública.
La continuidad del expediente penal quedó supeditada a las decisiones del juzgado federal que resultó sorteado para la etapa de instrucción. El magistrado a cargo resolverá en el corto plazo la viabilidad de las medidas probatorias requeridas por el fiscal del caso, de manera que la resolución final acarreará un fuerte impacto sobre la composición definitiva de los tribunales federales de La Plata.
El Gobierno desembolsó $590 millones al Banco Nacional de Datos Genéticos luego de una resolución judicial
Una medida cautelar había ordenado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a adoptar de manera inmediata las medidas administrativas y presupuestarias necesarias para asegurar el normal funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos. La misma fue suspendida por el juez federal Alejo Ramos Padilla luego de que el Gobierno haya transferido 590 millones de pesos para evitar la paralización de estudios de ADN clave en causas por apropiación de niños durante la última dictadura.
La medida cautelar había sido solicitada por los fiscales Pablo Parenti y Gonzalo Miranda, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Causas de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UNIFICANTE). Se sumó como querellante la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, cuya presidenta, Estela de Carlotto, expresó su preocupación por el “carácter irremplazable” de las muestras biológicas y genéticas que custodia el banco.
