El Gobierno oficializó el llamado a licitación internacional para entregar a manos privadas Belgrano Cargas, empresa administradora y explotadora del sistema ferroviario de carga más grande del país. La medida busca captar inversiones privadas por más de US$ 1.300 millones entre infraestructura y renovación de material rodante, con el objetivo de triplicar la capacidad de transporte de la producción nacional y reducir los costos logísticos del sector exportador de cara a los próximos años.
El llamado a licitación se canalizará mediante la plataforma Contrat.Ar e incluirá la concesión de las vías, talleres ferroviarios, el material rodante de cada trazado y los inmuebles aledaños. Según el esquema trazado por el Poder Ejecutivo, el calendario licitatorio fija fechas clave para el desarrollo del proceso:
- 28 de octubre: fecha límite para la formulación de consultas sobre los pliegos.
- 10 días hábiles: período destinado a la publicación formal del llamado.
- 11 de noviembre: apertura de las ofertas presentadas por los grupos competidores.
La meta de la administración central es concretar la adjudicación de los contratos y traspasar de manera definitiva la operación privada durante el transcurso de 2027.
Esquema de peajes, inversiones obligatorias y material rodante: el modelo del Gobierno para privatizar Belgrano Cargas
El modelo diseñado por las autoridades establece un sistema de competencia por peajes para que los operadores utilicen la red ferroviaria bajo bandas tarifarias de referencia. En este punto, la evaluación ponderará favorablemente a aquellos oferentes que fijen techos de cobro más bajos.
En materia de financiamiento, el pliego fija obligaciones y beneficios para el sector privado:
- Inversión obligatoria: se exige un compromiso mínimo de US$ 800 millones para las tres líneas, con un plazo de cinco años desde la toma de posesión para completar las obras.
- Inversiones adicionales: Las empresas podrán ofrecer obras optativas para sumar puntaje en la evaluación técnica.
- Fideicomiso por material rodante: valorado en unos US$ 500 millones, el material rodante de las tres líneas podrá venderse opcionalmente hasta en un 50% por los competidores. Lo recaudado irá a un fideicomiso que reembolsará fondos a las empresas a medida que acrediten avances en las obras obligatorias.
- Adhesión al RIGI: los interesados podrán estructurar sus ofertas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, sujeto a la revisión técnica del Comité Evaluador de Proyectos y la autoridad de aplicación.
Entre las disposiciones del pliego, se destaca un apartado que prohíbe la participación de “empresas estatales o provinciales, o estén sujetos a control, directo o indirecto, de Estados soberanos, sus subdivisiones territoriales, políticas y/o administrativas, sus órganos, entes u organismos estatales, así como de empresas o sociedades de titularidad estatal”, medida leída en el sector como un filtro hacia capitales públicos chinos.
Desde la perspectiva del Gobierno, la medida busca revertir la baja densidad de carga del sistema, donde actualmente menos del 5% de la producción nacional se transporta por tren -con un 80% concentrado en el rubro cerealero-, trazando como meta de largo plazo elevar la participación del ferrocarril a un rango de entre el 20% y el 25%.
