El Gobierno decidió modificar su hoja de ruta económica y no impulsará por el momento una reforma tributaria integral, reservándola como una de las principales propuestas para un eventual segundo mandato de Javier Milei. Desde el Poder Ejecutivo argumentan que la fragilidad y el estrecho margen de las cuentas públicas no permiten encarar una reducción generalizada de la presión fiscal sin comprometer el superávit financiero.
Esta decisión representa un nuevo viraje respecto del esquema trazado originalmente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que contemplaba la presentación de un rediseño del sistema impositivo para finales de 2026. Si bien la meta de reducir tributos se mantiene como norte político, en la Casa Rosada admiten que el proyecto general quedará “seguramente como promesa” electoral.
El motivo central de la postergación es estrictamente fiscal. Según los últimos datos oficiales a julio, el Sector Público Nacional acumuló en los primeros siete meses del año un superávit primario del 0,9% del PBI, pero el resultado financiero —tras el pago de intereses de la deuda— apenas alcanzó un excedente del 0,1%.
En el detalle mensual se evidencia la volatilidad del esquema:
- Sube y baja mensual: salvo enero, que tuvo un superávit financiero de $1,105 billones beneficiado por un ingreso extraordinario de las licitaciones hidroeléctricas, los meses siguientes mostraron saldos positivos muy reducidos ($144.421 millones en febrero, $484.789 millones en marzo, $268.103 millones en abril y $478.613 millones en mayo).
- Déficit en junio y recuperación en julio: en junio las cuentas cerraron con un rojo financiero de $1,025 billones, mientras que en julio volvieron al terreno positivo con un superávit primario de $2,96 billones y uno financiero de $244.897 millones.
- Margen acotado: en julio, los ingresos totales crecieron un 30,4% interanual ($17,09 billones) frente a un gasto primario que aumentó un 24,4% ($14,13 billones). En Economía advierten que no hay margen para resignar recursos permanentes mientras la ley exija mantener el equilibrio fiscal estricto durante todo 2026.
La propuesta técnica que se evaluó originalmente incluía una simplificación del IVA, retoques en Ganancias, cambios en el Monotributo, la eliminación gradual de Bienes Personales y la conversión del impuesto al cheque en pago a cuenta hasta su extinción. También contemplaba bajas en retenciones y un acuerdo con provincias y municipios para reducir Ingresos Brutos y tasas locales.
Sin embargo, el criterio fijado por el Consejo de Mayo y ratificado por el ministro Luis Caputo establece que cualquier baja permanente de impuestos requiere primero un colchón de superávit genuino, generado por el crecimiento de la actividad y la formalización económica con gasto constante:
“La eliminación completa de los derechos de exportación forma parte del objetivo de un eventual segundo mandato”, suele remarcar el titular de la cartera económica.
De esta manera, la Casa Rosada diferenciará las reformas estructurales de los alivios puntuales. Para 2027 se mantendrán únicamente los senderos de rebaja progresiva de derechos de exportación ya anunciados para el campo y la industria, postergando la discusión de fondo sobre los tributos de mayor recaudación (IVA, Ganancias y Débitos y Créditos) hasta que se logre una consolidación fiscal definitiva.
