La Corte Suprema se reúne desde las 9 para analizar un nuevo expediente relacionado con la Ley de Tierras.
El encuentro extraordinario podría derivar en una resolución que restablezca, de manera provisoria, las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros que fueron derogadas mediante el DNU 70/2023.
Ley de Tierras: qué se analizará en la reunión extraordinaria
La convocatoria fue realizada por el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti. El encuentro contará con los tres integrantes de la Corte: Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. También participarán los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.
La incorporación de estos dos magistrados responde a la falta de acuerdo entre los jueces titulares sobre cómo avanzar con el expediente.
Además, decidieron acortar a 24 horas el plazo para que dicha integración quede consentida “en atención a las particulares circunstancias de la causa”.
El reclamo se originó tras una demanda de la Asociación Civil Árbol de Pie, que reclamó que dicha normativa impulsada por el Gobierno nacional es inconstitucional y debe ser declarada nula.
Qué pasó con la Ley de Tierras y por qué podría volver a regir
El nuevo planteo judicial está vinculado con la decisión que tomó la Corte Suprema el pasado 29 de septiembre, cuando revocó una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei.
Aquella resolución se fundamentó en una cuestión procesal: los magistrados consideraron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) no tenía legitimación para impulsar la demanda.
La Corte no resolvió entonces si la derogación de la Ley de Tierras era constitucional, aunque su fallo permitió que recuperara vigencia el artículo del decreto que eliminó las restricciones.
El expediente que se analizará este viernes corresponde a una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie, dos comunidades indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda.
Los demandantes buscan que el tribunal aclare si la sentencia anterior también alcanza al amparo colectivo que presentaron, basado en argumentos ambientales y en derechos territoriales de las comunidades indígenas.
Ahora, la Corte deberá definir cómo continúa el trámite. Entre las alternativas se encuentran resolver directamente el pedido cautelar o remitir el expediente a una instancia judicial inferior.
Por el momento, no existe una nueva medida cautelar concedida ni una resolución definitiva sobre la validez constitucional de la derogación. La reunión extraordinaria de este viernes podría determinar los próximos pasos de la disputa judicial.
