Mientras intenta dejar sin quórum la sesión del jueves de la semana que viene, pedida por la oposición para voltear el DNU 70/23, el oficialismo estudia reintroducir la Ley de Tierras en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, al tiempo que negocia cambios al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y al proyecto de Presupuesto 2027 para seducir a dialoguistas, a quienes prometió abrir el recinto de la Cámara de Diputados el 21 de octubre para tratar un temario que también incluiría las leyes de discapacidad y sobreendeudamiento familiar.
La estrategia que evalúan implementar para ganarse el favor de los dialoguistas sería introducir restricciones a la compraventa de tierras rurales en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que vino con media sanción del Senado.
Esta propuesta se mencionó durante la reunión que referentes de bloques dialoguistas mantuvieron en la tarde-noche de este miércoles en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados, y que contó con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
Los bloques dialoguistas preguntaron y repreguntaron hasta el cansancio sobre qué hará el oficialismo con la Ley de Tierras, pero no hubo una respuesta concluyente. Por ahora la propuesta de reintroducirla en la ley de Propiedad Privada circula como la alternativa más fuerte, pero no hay una decisión tomada.
Con una semana por delante para la convocatoria, la oposición sabe que las cartas no lo favorecen y que las perspectivas de abrir la sesión se van acercando a cero a medida que pasa el tiempo y se acerca la fecha.
Discapacidad, universidades nacionales y obras públicas
Más allá de la Ley de Tierras, la negociación con los aliados recorre también otras aristas: cambios en la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y garantías para modificar las partidas presupuestarias para el sector de Discapacidad, universidades nacionales y obras públicas.
En el cónclave se confirmó que el martes 13 será el puntapié inicial de la discusión del Presupuesto 2027, y el objetivo del oficialismo es dictaminar antes de la visita del Papa León XIV.
En cuanto al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, hay una exigencia concreta de aliados y dialoguistas de borrar de la redacción el artículo 111, que establece una escala de penas de prisión “para quien, actuando por cuenta, orden o financiamiento (total o parcial) de entidades u organismos extranjeros, realice acciones destinadas a alterar procesos electorales o el normal funcionamiento de las instituciones democráticas; manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva; y promover o financiar actos de violencia, sabotaje o alteraciones graves del orden público dirigidas a desestabilizar la seguridad interior o las instituciones del Estado”.
Los cuestionamientos al proyecto también apuntan a la excesiva concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo a través del Consejo de Seguridad Nacional, los protoclos para el derribo de aeronaves y hundimiento de buques, y la falta de precisión técnica sobre los criterios para definir una “amenaza externa” o una “actividad terrorista”, pudiendo ser utilizadas como pretexto para reprimir la disidencia interna.
