Denuncia de 500 intendentes del país: "Hay una persecución judicial a Cristina Kirchner”

Cristina Fernández de Kirchner. Foto: NA.

La situación de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ante la Justicia por la causa Vialidad de la Obra Pública no resulta indiferente en el arco político local. Mucho menos a unos 500 intendentes de varios distritos de toda la Argentina.

Fueron varios los mandatarios comunales del país salieron en su apoyo, y se manifestaron mediante un comunicado en el que han afirmado que el juicio oral que enfrenta la vicepresidenta debido al presunto desvió de fondos públicos a favor de Lázaro Báez en su etapa como mandataria, es un claro intento por proscribirla de la actividad política.

“La persecución judicial sobre la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, que se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación, constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente”, sostiene una larga lista de intendentes.

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Intendentes preocupados

En el mismo sentido, sostienen –en representación de “Los Intendentes del Interior del país” – “la preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social”.

La nota salió firmada por los intendentes de Jujuy (8), Catamarca (17), Tucumán (38), Salta (4), Santiago del Estero (158), Corrientes (8), Chaco (47), Formosa (37), Misiones (1), Córdoba (55), Santa Fe (34), Entre Ríos (33), Mendoza (2), San Luis (1), San Juan (2), La Rioja (17), Chubut (9), La Pampa (7), Neuquén (4), Río Negro (8), Tierra del Fuego (3) y Santa Cruz (16).

La nota finaliza diciendo: “Las y los argentinos nos merecemos una justicia a la altura de las circunstancias, de cara a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país y llamamos a la reflexión a la comunidad en su conjunto, para rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos”.