El Tribunal Oral Federal 2, encargado de la ejecución de la sentencia en la Causa Vialidad, ordenó una nueva batería de embargos preventivos y medidas cautelares sobre inmuebles, vehículos y participaciones societarias vinculadas a la expresidenta Cristina Kirchner y al resto de los condenados en la causa por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. La medida, firmada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, conforma una segunda etapa en el proceso de decomiso patrimonial.
El objetivo central de los magistrados es congelar y resguardar esos activos para garantizar la ejecución del monto total impuesto en la condena, fijado en $685.000 millones. Entre los inmuebles incluidos en el listado oficial aparece el departamento ubicado en la calle San José 1111, lugar donde la exmandataria cumple actualmente el arresto domiciliario. La propiedad figura a nombre de Los Sauces S.A., la sociedad inmobiliaria familiar.
Desde el Tribunal aclararon que esta cautelar no implica un remate inmediato de la propiedad ni que Cristina Kirchner deba abandonar la vivienda en esta instancia. “El tribunal aclaró que la medida no significa que los bienes vayan a ser subastados de inmediato ni que sus titulares pierdan definitivamente la propiedad”, precisaron fuentes judiciales, remarcando que el fin es evitar que los activos “sean transferidos, gravados o retirados de la jurisdicción”, indicaron.
Esta segunda etapa comprende 144 bienes entre propiedades y vehículos, además de paquetes accionarios societarios y fondos en divisas. Para respaldar las medidas, los jueces remarcaron las conclusiones de la sentencia condenatoria, donde se dio por probado que la maniobra investigada “generó beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner” mediante una “conexión económica y comercial comprobada” a través del alquiler y explotación de plazas hoteleras por medio de Hotesur S.A. y Los Sauces S.A.
