La oposición convocó para el 15 de octubre una sesión especial en la Cámara de Diputados para intentar rechazar el DNU 70/2023, el megadecreto firmado por Javier Milei al inicio de su gestión que modificó y derogó normas de distintos sectores de la economía. El Senado ya lo había rechazado en marzo de 2024, por lo que un nuevo rechazo en la Cámara baja implicaría la derogación del decreto.
El debate volvió al centro de la agenda después de que la Corte Suprema dejara sin efecto una medida que impedía aplicar el artículo 154 del DNU, vinculado con la derogación de la Ley de Tierras Rurales y los límites para la adquisición de tierras por extranjeros. La decisión reactivó la discusión política sobre un decreto que tiene 366 artículos y que modificó numerosas normas.
Para que la sesión pueda comenzar, la oposición necesita reunir 129 diputados, el quórum de la Cámara baja. Si consigue abrir el debate, el rechazo requiere una mayoría simple de los presentes. El escenario todavía depende de las negociaciones con los bloques que no integran el oficialismo ni la oposición más dura.
Qué podría cambiar si cae el DNU 70
El decreto modificó o derogó normas vinculadas con alquileres, medicina prepaga, comercio exterior, compras públicas, abastecimiento, góndolas, empresas estatales e internet satelital, entre otras áreas. Si finalmente es rechazado por ambas cámaras, varias de las normas que fueron derogadas por el DNU recuperarían vigencia, aunque el alcance concreto sobre situaciones jurídicas ya consolidadas deberá analizarse en cada caso.
Entre los principales cambios que podrían producirse aparecen:
- Alquileres. El DNU derogó la Ley de Alquileres y modificó las reglas del Código Civil y Comercial para permitir que las partes acuerden aspectos como la duración, la moneda y el mecanismo de actualización de los contratos. Un rechazo del decreto volvería a poner en discusión el régimen legal anterior.
- Medicina prepaga. El megadecreto eliminó restricciones que alcanzaban a los precios de las cuotas de las empresas de medicina prepaga. Si el DNU pierde vigencia, volvería a regir el esquema normativo anterior en esta materia.
- Ley de Abastecimiento y Ley de Góndolas. El DNU derogó la Ley de Abastecimiento, que contemplaba herramientas de intervención estatal sobre precios y condiciones de comercialización, y la Ley de Góndolas, que establecía determinadas condiciones para la exhibición de productos, con especial consideración para las pequeñas y medianas empresas.
- Compre Argentino. El decreto dejó sin efecto buena parte de la normativa de Compre Argentino, que establece preferencias para proveedores nacionales en determinadas compras y contrataciones del sector público. Su derogación podría revertir esos cambios.
- Empresas públicas y privatizaciones. El DNU estableció que las empresas y sociedades con participación estatal fueran transformadas en sociedades anónimas, con el objetivo de avanzar posteriormente hacia su privatización. Un rechazo del decreto afectaría ese marco normativo y volvería a cobrar relevancia la legislación previa sobre las distintas formas societarias estatales.
- Internet satelital. El megadecreto desreguló los servicios de internet satelital y abrió el mercado a nuevos operadores. La caída del DNU obligaría a revisar el marco normativo que permitió esa desregulación, con impacto potencial sobre las condiciones de funcionamiento de las empresas del sector.
- Comercio exterior. El DNU introdujo modificaciones al Código Aduanero y eliminó distintas restricciones y registros vinculados con las operaciones de importación y exportación. Su eventual derogación abriría nuevamente el debate sobre las reglas que regían antes de diciembre de 2023.
Uno de los puntos que volvió a poner al DNU en el centro de la discusión es el artículo 154, que derogó la Ley de Tierras Rurales. Esa norma establecía límites a la titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros.
La Corte Suprema resolvió recientemente un planteo relacionado con la aplicación de ese artículo y dejó sin efecto la medida que había impedido su vigencia. El fallo reabrió el debate parlamentario sobre el régimen de tierras rurales y propiedad extranjera, que ya había generado iniciativas en el Congreso.
El antecedente inmediato fue el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que el Senado trató en agosto. La iniciativa obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra, pero el oficialismo había retirado previamente el capítulo referido a la venta de tierras rurales a extranjeros y las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.
Qué hace el gobierno de Milei para evitar la derogación
Mientras la oposición busca reunir los 129 diputados necesarios para abrir la sesión, el Gobierno trabaja para evitar que el DNU sea rechazado. Uno de los escenarios que analiza el oficialismo es incorporar una regulación sobre la venta de tierras a extranjeros en el proyecto de Soberanía Nacional, que comenzó a debatirse en comisión esta semana.
“La prioridad es derogar el DNU 70. La patria, nuestra soberanía territorial y la tierra como capital de trabajo están en peligro”, sostuvo la diputada Victoria Tolosa Paz, al defender la ofensiva opositora.
En paralelo, el oficialismo busca fortalecer sus acuerdos con los gobernadores que podrían resultar determinantes en el Congreso. Durante la Argentina Week en París, Milei se reunió con 13 mandatarios provinciales y estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Santilli quedó a cargo de parte de las negociaciones políticas con los gobernadores, en un escenario en el que el Gobierno también necesita apoyos para avanzar con su agenda legislativa. Entre los temas que se discutieron durante la gira estuvieron el Presupuesto 2027 y la reforma política, con la eliminación de las PASO como uno de los principales puntos de negociación.
La sesión del 15 de octubre será, de esta manera, el próximo punto central de la disputa parlamentaria por el DNU 70/2023. La oposición deberá primero conseguir el quórum y luego reunir los votos suficientes para rechazar una norma que lleva vigente desde diciembre de 2023 y que modificó buena parte del marco regulatorio de la economía argentina.
