El Gobierno nacional buscará separar la discusión sobre la Ley de Tierras del debate parlamentario por el DNU 70/2023. La estrategia comenzó a tomar forma luego de una aclaración de la Corte Suprema, que precisó el alcance de una sentencia vinculada con el régimen de adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Según la posición de la Casa Rosada, la intervención del máximo tribunal permite diferenciar el análisis del artículo 154 del decreto de la discusión general sobre la continuidad del DNU. El oficialismo considera que esta distinción podría facilitar las negociaciones con los bloques dialoguistas y con los diputados que responden a los gobernadores.
Qué aclaró la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras
La Corte Suprema señaló que su sentencia no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023. El fallo se concentró en determinar si el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata tenía legitimación para impulsar la causa judicial.
El tribunal también indicó que su decisión no impide que se presenten nuevos planteos judiciales relacionados con el régimen de tierras rurales. Además, aclaró que la resolución tampoco limita las facultades del Congreso para analizar el decreto.
A partir de esta precisión, el Gobierno entiende que la controversia judicial sobre la Ley de Tierras y el tratamiento legislativo del DNU deben avanzar por vías separadas. Sin embargo, la aclaración no modifica por sí misma la situación parlamentaria del decreto ni resuelve definitivamente la discusión sobre las restricciones a compradores extranjeros.
La estrategia del Gobierno en Diputados
La intención del oficialismo es impulsar un tratamiento legislativo específico para la regulación de la compra de tierras rurales. Una de las alternativas consideradas es incorporar el tema a una iniciativa separada o alcanzar un acuerdo con los bloques aliados sobre los límites aplicables a personas y empresas extranjeras.
Entre las opciones aparece el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción del Senado y debe ser tratado por Diputados. El capítulo vinculado con las tierras había sido retirado anteriormente debido a la falta de apoyo suficiente entre los aliados parlamentarios del Gobierno.
Con esta estrategia, la Casa Rosada busca que los legisladores puedan fijar una posición sobre la Ley de Tierras sin que eso determine su voto sobre la totalidad del DNU 70/2023. Algunos bloques cuestionaron la eliminación de las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros, aunque mantienen posturas diferentes sobre las demás reformas incluidas en el decreto.
Cuándo se trataría el rechazo del DNU
La oposición convocó a una sesión especial para el 15 de octubre con el propósito de debatir el rechazo del DNU, junto con proyectos relacionados con discapacidad y endeudamiento familiar. Para habilitar la sesión y comenzar el tratamiento será necesario reunir un quórum de 129 diputados.
El Senado rechazó el decreto en marzo de 2024. Si la Cámara de Diputados también vota en contra, se completaría el procedimiento establecido por la Ley 26.122 para dejarlo sin efecto. En este escenario, el oficialismo concentrará las negociaciones en los bloques dialoguistas y en los representantes provinciales.
