Venezuela condenó a casi 400 agentes del Estado desde 2017 por violaciones de DDHH

Agentes venezolanos. Foto: REUTERS.

La Justicia de Venezuela condenó en los últimos cinco años a 362 agentes del Estado por violaciones a los derechos humanos. La información fue confirmada por el fiscal general Tarek William Saab.

"Hemos logrado 362 sentencias condenatorias en estos últimos cinco años en contra de agentes del Estado que lamentablemente cometieron violaciones a la dignidad humana", dijo Saab durante un balance por el 53 aniversario del Ministerio Público, informó la agencia Sputnik.

El fiscal general venezolano detalló que desde 2017 fueron privados de libertad 771 agentes de seguridad y 39 civiles por el mismo delito, y detalló que la Fiscalía acusó a 1.617 funcionarios y 81 colaboradores por violación a los derechos humanos.

"Tenemos una lucha diaria y sistemática en contra de quienes, al margen de la ley, utilizando uniformes, patrullas, insignias, armamentos pertenecientes al Estado venezolano, lamentablemente desvían su camino y cometen este tipo de delitos en contra de la persona humana", subrayó.

En septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentó un informe en el que acusó a los organismos de seguridad del Estado de cometer represiones contra ciudadanos opositores.

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Los detalles del informe

Además, el organismo documentó 122 casos de víctimas que "fueron sometidas a tortura, violencia sexual u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), desde 2014 hasta la actualidad".

Según el texto, los actos de tortura se llevaron a cabo para extraer una supuesta confesión, obtener información, castigar, intimidar, humillar o coaccionar y en algunos casos para robar dinero u otros bienes.

No obstante, la administración del presidente Nicolás Maduro calificó de falsas y sin fundamentos las acusaciones de la misión de la ONU, creada en septiembre de 2019 para evaluar durante un año presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas en Venezuela desde 2014.