De la creación de institutos especiales a la prohibición de convivir con adultos: cómo es el Régimen Penal Juvenil que quiere impulsar el Gobierno
Javier Milei quiere bajar la edad de imputabilidad a 13 años e impulsa un nuevo Régimen Pena Juvenil de cara a las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso.
El Gobierno ratificó que el debate por la reducción de la edad de imputabilidad formará parte de la agenda de las sesiones extraordinarias del Congreso. En un contexto marcado por el feroz asesinato de Jeremías Monzón, de 15 años, donde están involucrados menores 16, el Ejecutivo avanzó en el tratamiento del Régimen Penal Juvenil: el oficialismo había logrado avances significativos durante 2025 e incluso alcanzó a firmar un dictamen de mayoría en comisión, pero la falta de acuerdos políticos y otras prioridades legislativas terminaron postergándolo.
Con el recambio parlamentario, el dictamen perdió vigencia y desde el punto de vista formal, el tratamiento deberá reiniciarse. Sin embargo, desde La Libertad Avanza dejaron trascender que existe voluntad de sostener gran parte de los consensos alcanzados en 2025 para volver a construir una mayoría.
La iniciativa original había sido girada por el Poder Ejecutivo a Diputados en julio de 2024. El proyecto atravesó un extenso debate y en mayo de 2025, un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes y Justicia emitió un despacho de mayoría acompañado por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y Democracia Para Siempre, estos últimos, con algunas disidencias.
Uno por uno, los puntos más importantes del Régimen Penal Juvenil que quiere impulsar el Gobierno
En su planteo inicial, el oficialismo proponía fijar la edad mínima de responsabilidad penal en 13 años, por debajo del límite actual de 16. Según argumentó el Gobierno, el objetivo era “alinear” el sistema argentino con el de otros países de la región, como Chile, Colombia y Perú, donde la imputabilidad rige desde los 14 años; o Brasil y México, que la establecen en 12. Tras las negociaciones con bloques aliados como el PRO y la UCR, la edad mínima quedó finalmente establecida en 14 años.
Además, se acordó una pena máxima de hasta 15 años de privación de la libertad únicamente para delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro, y se priorizó la aplicación de sanciones alternativas para los casos con penas de hasta tres años, tales como tareas comunitarias, restricciones de acercamiento a las víctimas o medidas de reparación.
La prisión quedaría reservada como última instancia y el proyecto original del Ejecutivo contemplaba penas de hasta 20 años, sin reclusión ni prisión perpetua, incluso ante la concurrencia de delitos. El Régimen Penal Juvenil impulsado por Milei también hacía hincapié en la creación de centros específicos para menores condenados, con garantías de acceso a educación, atención sanitaria y tratamientos por adicciones.
Todo el personal debía contar con formación especializada en infancia y adolescencia y se prohibía de manera expresa la convivencia con detenidos adultos. Este aspecto generó tensiones con los gobernadores, quienes reclamaron partidas presupuestarias de Nación para la construcción y el funcionamiento de las nuevas instalaciones.
Entre las sanciones alternativas a la prisión, se incluían:
- Amonestación
- Prohibición de acercamiento a la víctima
- Servicios comunitarios
- Monitoreo electrónico
- Reparación integral del daño
- Restricciones para concurrir a determinados lugares
- Inhabilitación para conducir
La sustitución de la cárcel por estas medidas estaba prevista para delitos con penas de hasta tres años o de hasta diez cuando no mediara muerte ni violencia grave, siempre con aval del Ministerio Público Fiscal y tras escuchar a la víctima. También se contemplaban la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil para infracciones leves, con participación obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.
Como complemento, el proyecto incorpora algunas medidas relevantes, como por ejemplo:
- Programas educativos de formación cívica
- Capacitación laboral
- Actividades culturales y deportivas
- Asistencia psicológica y médica
- Prohibición de consumo de alcohol y drogas
El cumplimiento debía ser supervisado por un profesional designado por el juez con formación en educación, psicología, trabajo social o adicciones.
Además, se preveían intervenciones específicas para abordar problemáticas de salud mental, consumo problemático y contextos familiares violentos. En los casos que requirieran internación, se debía dar intervención al juez civil correspondiente para garantizar el seguimiento del caso.
El texto también establecía la reserva de los procesos y prohibía la difusión de la identidad de los adolescentes imputados, salvo renuncia expresa a ese derecho, además de exigir la participación de la asesoría tutelar y la notificación a padres o responsables desde el inicio. El juez podía disponer medidas adicionales de protección para resguardar al menor.
El dictamen de mayoría también incorporaba un capítulo destinado a las personas inimputables, con pautas de actuación para equipos interdisciplinarios y organismos de protección de derechos, y contemplaba la responsabilidad civil de los progenitores por los hechos cometidos por sus hijos. En paralelo, se reforzaban los derechos de las víctimas garantizando acceso a patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, participación en instancias de mediación y el derecho a ser informadas y escuchadas durante todo el proceso.
La decisión política de incluir el nuevo Régimen Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias se tomó este lunes 26 de enero en un contexto marcado por la conmoción que generó el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe. El joven de 15 años fue asesinado de más de 20 puñaladas y la principal sospechosa es una compañera de escuela de 16 años junto a dos compañeros de la misma edad.