Diputados: la oposición acelera en la reforma de los DNU para darle un nuevo revés al Gobierno
En busca de un nuevo revés para Javier Milei, los bloques opositores de la Cámara de Diputados avanzarán esta semana con la discusión del proyecto que monitorea los DNU, que perjudica al Gobierno Nacional al restringir el uso de esa herramienta constitucional al que recurre asiduamente el Poder Ejecutivo.
Luego de las derrotas que sufrió el oficialismo en los últimos dos meses, el conglomerado de bloques opositores conformado por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, y la Coalición Cívica, avanzarán este martes con el tema que más perjudica al presidente.
Según confirmaron fuentes cercanas a La Libertad Avanza a la agencia Noticias Argentinas, el único tema que hoy preocupa seriamente al oficialismo es el avance de esta ley.
La oposición consiguió un emplazamiento para que las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, que conducen el libertario Nicolas Mayoraz, y la macrista Silvia Lospennato, debatan el martes el proyecto sancionado por el Senado y el 30 el dictamen respectivo.
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La idea es pedir una sesión especial para el miércoles 1 o el 8 de octubre a fin de tratar la reforma de la ley 26122, los cambios en el impuesto a los combustibles promovido por los gobernadores, el rechazo al veto sobre ATN, y la derogación de los decretos sobre identidad de género y el estatuto de la Policía Federal.
Al tener minoría en las dos cámaras del Congreso, el Gobierno recurre a los DNU, que tienen carácter de ley, ya que solo se anulan si son rechazados en Diputados y el Senado y se ratifica con el aval de un solo cuerpo legislativo. Si se aprueba esa iniciativa no podrá recurrir a esa herramienta.
El presidente Milei ya emitió 64 DNUs, lo que implica un promedio de 36,2 por año, pero en uno de los Decretos de Necesidad y Urgencia incluyó cambios en 300 leyes.
Detalles del proyecto
El proyecto aprobado por el Senado el 4 de septiembre limita el uso de los DNUs, ya que estableció con el aval de una sola cámara se puede derogar esa norma presidencial.
También fija un plazo de noventa días para ratificar los decretos, ya que establece que si no se hace en tres meses también perderá vigencia, aunque se mantengan los efectos jurídicos de la medida presidencial
Los legisladores opositores argumentan que el Gobierno Nacional utiliza mal esta herramienta prevista en la Constitución Nacional solo para casos de emergencia, y solo cuando hay circunstancias excepcionales que impiden seguir el procedimiento de sanción de las leyes establecido en la Constitución Nacional.
