Sigue en Tribunales: el Gobierno prepara una contraofensiva ante el juez que frenó la Reforma Laboral
El Gobierno prepara una batería de denuncias contra el juez Raúl Ojeda tras su decisión de invalidar a los representantes de la Procuración del Tesoro en la causa por la Reforma Laboral. Los detalles.
El gobierno de Javier Milei tomó la decisión de escalar el conflicto con el juez Raúl Ojeda, responsable de haber dictado la medida cautelar a favor de la CGT que paralizó parte de las modificaciones de la Reforma Laboral. La estrategia consistirá en articular una serie de presentaciones legales que se irán conociendo a medida que se oficialicen.
“La decisión es avanzar a través de diferentes vías”, dijeron a TN desde Casa Rosada. Esta avanzada gubernamental se sumará a una denuncia penal ya radicada de forma independiente por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, organización que solicitó investigar al juez bajo la figura de “abuso de autoridad”.
Más allá del freno a la Reforma Laboral, el malestar del Gobierno se disparó por la resolución en la que Ojeda puso en duda la capacidad de intervención de la Procuración del Tesoro. El juez cuestionó la participación del procurador Sebastián Amerio y de sus subprocuradores bajo el argumento de que no contaban con la matrícula correspondiente para actuar en dicho expediente.
Desde el oficialismo rechazaron tajantemente este criterio técnico alegando que la representación estatal está garantizada por el cargo jerárquico y el marco legal que rige a la Procuración. En este sentido, consideraron que la determinación del magistrado vulneró directamente su “derecho de defensa”.
El enfrentamiento se produce en medio de una compleja batalla jurisdiccional. El Estado ya había solicitado el traslado de la causa al fuero Contencioso Administrativo Federal. De hecho, el Gobierno notificó en su recurso de per saltum que:
“había planteado una inhibitoria ante el fuero contencioso administrativo federal y que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 hizo lugar a ese planteo el 10 de abril y requirió las actuaciones al juzgado laboral”.
Para el Ejecutivo, el hecho de que Ojeda no solo retuviera el expediente sino que además objetara a los abogados del Estado, profundiza una disputa en una causa de “alta sensibilidad política y jurídica”.
El plan de acción de la mesa técnica
La mesa legal de Balcarce 50 evalúa ahora diversos frentes para neutralizar el accionar del juez:
- Consejo de la Magistratura: Presentación de un pedido de juicio político o sanción disciplinaria.
- Corte Suprema: Reclamo formal por la vía del per saltum ya activado.
- Vía Penal: Análisis de denuncias por el desempeño del magistrado durante el proceso.
