El oficialismo avanza con una reforma del empleo público y se encuentra en búsqueda de negociar con los gremios la modificación del régimen de carrera dentro de la administración nacional. La Casa Rosada pretende introducir cambios en las normas de ingreso, evaluación, ascensos, movilidad y salarios, con la intención de poner en marcha el nuevo esquema antes de fin de año. Sin embargo, admite que su aplicación estará condicionada a un acuerdo para modificar el convenio colectivo.
Desde el gobierno de Javier Milei aseguran que la reforma podría implementarse mediante una vía administrativa y que, en principio, no sería necesaria una ley específica para que se ponga en marcha. Sin embargo, reconocen que primero deberán introducirse cambios en el convenio colectivo. “Requiere cambiar el convenio, así que estamos lejos”, señalan desde el Gobierno. Por el momento, las negociaciones con los gremios aún no comenzaron de manera formal.
Reforma del empleo público: la postura de los distintos sectores
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) afirman no haber recibido una convocatoria hasta el momento por parte del Gobierno. “Sólo han convocado a discutir los convenios colectivos de organismos del Estado que se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo, que se vieron alcanzados por la reforma laboral. El PAMI, ANSES, entre otros. No es el caso de la Administración Pública central”, comentaron desde el gremio.
Javier Milei volvió a referirse al tema durante una entrevista en la que afirmó que Federico Sturzenegger trabaja en una revisión del régimen de carrera del sector público. El Presidente señaló que la iniciativa busca analizar la clasificación de los empleados y avanzar hacia un sistema en el que el rendimiento tenga un peso mayor en la evolución profesional y en la determinación de las remuneraciones.
Entre los aspectos que evalúa el Gobierno, se encuentran:
- Criterios de ingreso y permanencia
- Mecanismos de evaluación del desempeño
- Requisitos para los ascensos
- Movilidad entre distintas áreas
- Estructura salarial en función de las tareas y los resultados.
En Balcarce 50 remarcan que los detalles de la propuesta aún no fueron definidos y que cualquier modificación deberá adecuarse al marco legal vigente.
¿Qué normas regulan el empleo público en la actualidad?
El empleo público nacional se ve regulado por la Ley 25.164, el Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional y para gran parte de la administración, por el convenio sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
Al momento, el ingreso al sistema debe realizarse mediante mecanismos de selección que acrediten idoneidad y que la carrera debe tener en cuenta criterios de mérito, rendimiento, eficiencia, eficacia y capacitación. Además, el régimen contempla un período de prueba de 12 meses con evaluaciones satisfactorias y el cumplimiento de los requisitos establecidos para el puesto.
Al día de hoy, existe además una relación entre evaluación y ascenso que dispone, por ejemplo, que la promoción de grado en el SINEP requiere acreditar tres evaluaciones no inferiores a “bueno” o dos calificaciones superiores, además de las actividades de capacitación correspondientes. En otras palabras, la discusión oficial no apunta a implementar por primera vez evaluaciones de desempeño, sino a reformular su funcionamiento y modificar el peso que tienen dentro de la carrera administrativa.
El principal factor que condiciona el avance de la reforma es la negociación con los gremios. La Ley 24.185 establece que las condiciones laborales de los empleados de la Administración Pública Nacional son objeto de negociación entre el Estado y las organizaciones sindicales con personería gremial, mediante comisiones negociadoras generales o sectoriales. A su vez, el convenio colectivo general contempla que la estructura de la carrera administrativa y el escalafón pueden ser discutidos en el ámbito de la negociación colectiva sectorial.
Este mecanismo permite entender por qué el Gobierno evalúa una vía “administrativa” en lugar de recurrir necesariamente al Congreso. Cualquiera de las partes está habilitada para solicitar la convocatoria de una comisión negociadora, especificar los temas que pretende abordar y, en caso de alcanzar un entendimiento, dejarlo asentado en un acta. Posteriormente, el Poder Ejecutivo debe formalizar lo acordado mediante el acto administrativo correspondiente, dentro de los 30 días hábiles posteriores a la firma, según establece la Ley 24.185.
¿Cuáles son los límites a los que se enfrenta la reforma del empleo público?
El camino de esta iniciativa tiene como límite clave la reforma de la Ley 25.164 que fija derechos y garantías mínimos que no pueden ser reducidos en perjuicio de los trabajadores mediante una negociación colectiva. En este sentido, si la reforma que quiere impulsar el Ejecutivo buscara alterar aspectos reservados a esa ley, debería intervenir el Congreso, mientras que desde Nación quieren mantenerse dentro de las herramientas convencionales y reglamentarias.
Las negociaciones del Sistema Nacional de Empleo Público fueron concurridas por representantes del Ministerio de Desregulación, Jefatura de Gabinete y Economía por el Estado, y de UPCN y ATE por el sector gremial. Sin embargo, estas reuniones no implican el comienzo formal de la negociación de la reforma.
ATE advirtió en febrero de 2026 que las posibles modificaciones del convenio colectivo debían realizarse con participación sindical y cuestionó la política oficial sobre la administración pública. De esta forma, la reforma del empleo público avanza por un camino distinto al de la reforma del Estado que prepara el Ministerio de Desregulación.
Esta última iniciativa prevé una revisión “integral” de organismos, competencias y estructuras, con el objetivo de determinar nuevas eliminaciones, fusiones o transformaciones. La Casa Rosada contempla enviar este paquete al Congreso. El análisis no se circunscribe a las modificaciones que el Poder Ejecutivo intentó implementar mediante facultades delegadas y que posteriormente fueron rechazadas, sino que también incluye a otras dependencias.
La separación entre ambas reformas responde también a una cuestión jurídica. La estructura orgánica de la Administración Pública y las facultades de dirección del Estado están expresamente excluidas de las materias que pueden ser objeto de negociación colectiva. En cambio, aspectos vinculados con la carrera administrativa, el escalafón y otras condiciones laborales sí están sujetos a negociación. Por este motivo, el Gobierno nacional busca avanzar por vías diferenciadas en la reorganización de los organismos y en las modificaciones que afectan la situación laboral de los empleados.
