El gobierno de Javier Milei descartó de manera categórica la posibilidad de fijar un piso salarial de $1.000.000 a través del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) o de utilizar la homologación de los convenios colectivos como mecanismo de presión sobre el sector privado. A pesar de las sugerencias informales transmitidas por la Secretaría de Trabajo a dirigentes sindicales y cámaras empresariales, en la Casa Rosada remarcaron que cualquier recomposición de los ingresos más bajos dependerá exclusivamente de la negociación entre las partes.
La ratificación de la postura se dio tras el fracaso del plenario del Consejo del Salario realizado este viernes. La Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA decidieron retirar su participación al calificar la instancia como una “puesta en escena” y rechazar de plano la oferta empresarial, confirmando que el Gobierno nacional determinará el nuevo monto del salario mínimo a través de un laudo.
La brecha entre las pretensiones sindicales y la propuesta corporativa impidió cualquier tipo de entendimiento durante la reunión virtual:
- Reclamo sindical: la CGT y las dos CTA exigieron un piso inmediato de $911.202, con una escala progresiva que alcanzara los $993.300 para diciembre.
- Propuesta empresarial: las cámaras del sector privado ofrecieron un incremento del 1,8% para septiembre y ajustes mensuales del 1,7% a partir de octubre, partiendo del haber mínimo vigente fijado en $376.600.
Desde el Ministerio de Capital Humano defendieron el formato virtual utilizado para la deliberación argumentando que permite registrar las intervenciones, e informaron que, ante la falta de consenso, se aplicarán los mecanismos legales para expedir la resolución oficial que fijará la pauta salarial básica.
Desde la Secretaría de Trabajo del Gobierno remarcaron que no existirá una instrucción general ni resoluciones destinadas a demorar o retener convenios que no alcancen la cifra del millón de pesos. “El acuerdo es entre privados”, ratificaron fuentes oficiales, quienes también que la sugerencia formulada busca incentivar adicionales voluntarios en las actividades que cuenten con margen financiero al momento de reabrir paritarias.
La posición generó duras reacciones en la conducción de la CGT. El cosecretario general Jorge Sola calificó las versiones previas como “una operación de prensa” y cuestionó lo que considera una ambivalencia metodológica por parte de la gestión libertaria.
“Bienvenidos a la realidad a los muchachos que rechazan la intervención del Estado en las relaciones privadas. Esta intervención, mientras vaya al bolsillo del trabajador, nos parece bien, pero va contra su propia teoría de la no intervención del Estado en las relaciones de discusión privada: las paritarias. Ya que actúan elevando el piso, debieran dejar de poner el techo”, fustigó Sola.
Por su parte, desde la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) reconocieron la existencia de diálogos informales para revisar las categorías más bajas de los convenios, aunque enfatizaron que por el momento no existe un esquema ni una propuesta formalizada por parte de la Secretaría de Trabajo.
