CGT
CGT Foto: NA

La CGT anunció un paro general, que se llevaría adelante el jueves 19 de febrero por el tratamiento en el Congreso de la Reforma Laboral. En abierto rechazo, el Gobierno ratificó su férrea política de “día no trabajado, día no pagado” y apuntó contra los empleados de la administración pública nacional.

Los dirigentes gremiales calificaron la decisión oficial como una “práctica antisindical” y un intento de extorsión que vulnera el derecho constitucional a huelga garantizado en el artículo 14 bis.

Rodolfo Aguiar, titular de ATE, señaló que las amenazas de descuentos salariales no lograrán frenar el descontento generalizado de los estatales, quienes denuncian una profunda pérdida del poder adquisitivo.

Movilización de ATE
El gremio prepara una manifestación el día que se discuta la reforma laboral. Foto: Radio Provincia

La advertencia oficial: recortes salariales en puerta

Luego de que los principales gremios estatales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), confirmaran su adhesión total a la medida de fuerza, la Casa Rosada emitió una dura advertencia.

A través de sus canales oficiales, el Ejecutivo notificó que se procederá a descontar la jornada laboral completa y el porcentaje correspondiente al ítem de presentismo a todos los empleados públicos que se ausenten de sus puestos de trabajo.

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad.
Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad. Foto: NA

“Se procederá a realizar los descuentos correspondientes a todos aquellos empleados que adhieran a la huelga y no cumplan con sus obligaciones laborales”, confirmaron fuentes gubernamentales. Esta postura tiene un doble objetivo claro: mantener la austeridad fiscal (no financiando jornadas de protesta con recursos del Estado) y disuadir la participación de los trabajadores para minimizar el impacto del cese de actividades.

Qué pasará con la atención al público

Pese a las advertencias económicas que pesarán sobre los recibos de sueldo a fin de mes, se prevé que el acatamiento en el sector público sea altísimo. Esto provocará severas complicaciones en áreas neurálgicas para la ciudadanía:

  • Dependencias nacionales: Sedes operativas de ANSES, PAMI, AFIP y los registros civiles permanecerán con sus persianas bajas o atenderán exclusivamente con personal jerárquico muy reducido.
  • Salud pública: Los hospitales nacionales solo mantendrán operativas las guardias mínimas para emergencias de riesgo de vida, debiendo reprogramar todos los turnos regulares y las atenciones en consultorios externos.