El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó este viernes la identificación de Alejandro Ernesto Jesús Jerez, un operario de la planta IKA-Renault secuestrado en mayo de 1976, durante la última dictadura militar, cuyos restos fueron hallados en los predios del ex Centro Clandestino de Detención (CCD) La Perla, en la provincia de Córdoba. Con este caso, asciende a 30 la cantidad de personas desaparecidas encontradas e identificadas en el lugar desde el inicio de las tareas arqueológicas.
El proceso de identificación fue llevado a cabo por el Laboratorio de Genética Forense del EAAF a partir del cruce de los perfiles genéticos de los restos óseos con las muestras aportadas por familiares al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). “Con esta nueva identificación, ya son 30 las personas desaparecidas halladas e identificadas en el marco de los trabajos que lleva adelante el EAAF en los terrenos donde funcionó el Centro Clandestino de Detención La Perla, en Córdoba, mientras que aún quedan cinco personas desaparecidas halladas por identificar”, detallaron desde el organismo.
Los trabajos de prospección y exhumación se concentran en el sector conocido como Loma del Torito, dentro de la reserva natural militar La Calera. La causa judicial está a cargo del Juzgado Federal N°3 de Córdoba, conducido por el juez Hugo Vaca Narvaja.
Para llevar adelante las tareas, el EAAF articula con el Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Córdoba y el Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial provincial, sumado al respaldo logístico del Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad.
El funcionamiento del ex Centro Clandestino de La Perla y las condenas a los represores
En 2020, el exdirector del espacio para la memoria La Perla, Emiliano Fessia, remarcó la dimensión del accionar ilegal del Estado y sostuvo que “el 90%” de las personas secuestradas en dicho centro continuaba “en calidad de detenido desaparecido”.
Sobre la dinámica represiva dentro del recinto, explicó: “Primero eran depositados en cinco habitaciones, que los militares llamaban ‘las oficinas’, donde les cambiaban el nombre y les ponían un número en este proceso de deshumanización y ruptura y destrucción de su identidad. Hasta que venía la orden de los altos mandos para ‘trasladarlos’, el eufemismo que usaban para fusilarlos o desaparecerlos en la gran mayoría de los casos”.
La estructura represiva estuvo en el centro de la megacausa judicial juzgada por el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba. En 2016, tras tres años y ocho meses de audiencias, la justicia dictó prisión perpetua e inhabilitación absoluta para 38 represores -y absolvió a cinco- por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 711 víctimas que pasaron por La Perla y Campo de la Ribera.
La sobreviviente Teresa Meschiatti, quien declaró a sus 64 años sobre el cautiverio sufrido, relató que vio en el predio al jefe del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, en dos oportunidades. “Todo el mundo pasó por La Perla. Militantes del PRT, ERP, Montoneros, Partido Comunista, OCPO, PCML, obreros, sindicalistas y también gente que no tenía ninguna militancia”.
Además, Meschiatti detalló que las fuerzas de represión dividían arbitrariamente a los secuestrados en tres categorías: los “blancos”, considerados recuperables y muy escasos en número; los “grises”, en proceso de evaluación; y los “negros”, catalogados como irrecuperables. La testigo permaneció en este último grupo hasta septiembre de 1977, cuando fue reclasificada como “blanca”. Finalmente fue liberada el 28 de diciembre de 1978, aunque bajo un régimen de amedrentamiento con “visitas” periódicas sin aviso a la casa de sus padres en Cosquín.
La estructura de mando y la red de inteligencia militar en La Perla durante la dictadura militar argentina
La Perla formaba parte de una red clandestina interconectada con Campo de la Ribera, la división D2, comisarías, unidades militares y penales distribuidos a lo largo de las 10 provincias de la denominada “Zona 3”, una de las cinco jurisdicciones en las que la dictadura fraccionó el territorio nacional.
El control operativo y la coordinación de las acciones represivas estaban a cargo del III Cuerpo de Ejército a través del Destacamento de Inteligencia 141 “General Iribarren”, centro donde se procesaba la información obtenida ilegalmente. La toma de decisiones se ejecutaba mediante la llamada “comunidad informativa”, un consejo integrado por representantes de:
- Ejército Argentino y Fuerza Aérea (Escuela de Aviación Militar).
- Policía de la Provincia de Córdoba y Policía Federal Argentina.
- Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Gobierno provincial.
- Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y Servicio de Inteligencia de Aeronáutica.
- Gendarmería Nacional.
Del Destacamento 141 dependían y articulaban cuatro secciones especializadas: Política (inteligencia), Calle (seguimientos, escuchas telefónicas e infiltraciones), Operaciones Especiales / OP3 (encargada de administrar y operar el centro clandestino La Perla) y Logística (provisión de recursos para los operativos clandestinos).
