El Gobierno nacional rescató y asistió a 1186 víctimas de trata en 2022

Trata de personas. Foto: Télam.

El Gobierno nacional informó que rescató y asistió en 2022 a 1186 personas que eran víctimas de trata de personas. Del total de personas rescatadas el año pasado, 543 se identificaron como hombres, 637 como mujeres y 6 como personas trans. En tanto que 61 personas asistidas eran menores de edad.

Entre los operativos más destacados estuvieron el realizado para desarticular una secta de yoga en el barrio porteño de Villa Crespo, un rescate por explotación laboral en la ciudad correntina de Paso de los Libres, y el allanamiento del centro terapéutico La Razón de Vivir en Córdoba, indicó un informe oficial.

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Datos oficiales

Según el informe, 3 de cada 10 personas estaban en situación de explotación sexual. En relación a la nacionalidad, 891 son argentinas y 295 extranjeras. Los operativos de rescate del organismo en 2022 se realizaron en 21 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). "Solo en CABA y las provincias de Buenos Aires, Corrientes y Mendoza, fueron asistidas 875 personas; 37% de las víctimas rescatadas durante las intervenciones del programa en 2022 se encontraba en la provincia de Buenos Aires (443)", indicó el relevamiento.

En tanto, la línea telefónica 145, gratuita y nacional que es para denunciar delitos de trata y explotación de personas, y que funciona las 24 horas, de manera gratuita, anónima y a nivel nacional, recibió el año pasado, 1589 denuncias.

Totales: la cifra histórica de rescates, desde 2008, año de la sanción de la ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas de y asistencia a sus víctimas, hasta el último día 2022, es de 18.497 personas.

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Trata de personas

La trata de personas implica el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países. La trata de persona es un delito, sin importar si hay consentimiento o no de la víctima.

Este delito constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos, ya que su finalidad es la obtención de una ganancia a costa de considerar a las personas como mercancías, afectando su dignidad, integridad y libertad.