Luego de la cadena nacional de Milei, en la que volvió a reivindicar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, la reacción oficial del Reino Unido no tardó en llegar y fue contudente.
Tras los dichos del ministro de Defensa británico, fue el turno de un portavoz de Downing Street quien tomó la posta con una desafiante definición por parte del gobierno de Andy Burnham.
“Nuestras Fuerzas Armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana, para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”, afirmó el funcionario inglés.
Además, sostuvo que el Reino Unido “apoya plenamente” el deseo de los isleños de permanecer como territorio británico de ultramar. También remarcó que las fuerzas británicas permanecerán allí mientras sus habitantes así lo quieran.
Otro funcionario que se expresó fue Ed Miliband, secretario de Asuntos Exteriores británico. El funcionario sostuvo que el Reino Unido defenderá “resueltamente” el derecho de los isleños a decidir su futuro.
“La posición del Reino Unido sobre las Islas Malvinas es inquebrantable. Las Islas son británicas y seguirán siéndolo porque esa es la posición abrumadora de los isleños. Su derecho a la autodeterminación es primordial, fundamentado en el derecho internacional, y lo defenderemos con firmeza”, aseguró el funcionario en X.
La advertencia de Milei
El Ejecutivo dispuso la firma de un decreto que dota de mayor celeridad a los castigos previstos en la Ley 26.659. La normativa inhabilitará de forma automática para operar en territorio argentino a toda empresa involucrada, de manera directa o indirecta, en proyectos dentro de las islas sin el aval de la República Argentina.
El peso de la ley no solo recaerá sobre las corporaciones principales: Milei aclaró que fortalecerán los mecanismos de intercambio de información para que las sanciones alcancen también a los accionistas, directores y proveedores de estas iniciativas.
Como paso previo a esta embestida legal, reveló que el área de Cancillería a cargo de Pablo Quirno ya despachó cerca de 180 notas de desaliento dirigidas a empresas y a más de 29 países con intereses o participación en el archipiélago usurpado.
