El Gobierno de Javier Milei busca endurecer las sanciones contra empresas que participen de actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas sin autorización argentina. El Ejecutivo presentó un paquete de medidas que incluye un proyecto de ley para ampliar el alcance de la normativa vigente y alcanzar también a proveedores, accionistas y directores de las compañías involucradas.
El eje de la estrategia es la Ley 26.659, sancionada por unanimidad el 16 de marzo de 2011 durante el primer mandato de Cristina Kirchner. La norma es conocida como “Ley Pino Solanas”, en homenaje al cineasta y exsenador Fernando “Pino” Solanas, uno de sus principales impulsores.
Qué establece la Ley Pino Solanas
La Ley 26.659 establece que la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina requiere una autorización emitida por las autoridades nacionales competentes.
Aunque la legislación no menciona expresamente a las Malvinas, fue creada en el contexto de las actividades de exploración hidrocarburífera desarrolladas por el Reino Unido en zonas cuya soberanía es reclamada por Argentina.
La normativa prohíbe realizar actividades petroleras sin autorización, participar directa o indirectamente en empresas que las desarrollen y contratar servicios con compañías involucradas en esas operaciones. Las restricciones alcanzan actividades comerciales, financieras, logísticas, técnicas y de asesoramiento.
Las sanciones que ya contempla la legislación
La legislación vigente permite aplicar inhabilitaciones de entre 5 y 20 años a personas físicas o jurídicas que incumplan sus disposiciones. También contempla la posibilidad de revertir concesiones hidrocarburíferas al Estado nacional o a las provincias.
Además, quienes resulten inhabilitados quedan registrados en los organismos correspondientes y pierden beneficios y facilidades impositivas o previsionales. La prohibición también alcanza al Estado, ya que Nación, provincias y municipios no pueden contratar con personas o empresas comprendidas por las sanciones.
Las penas de prisión por explorar o extraer hidrocarburos
En 2013, la Ley 26.915 modificó el régimen e incorporó sanciones penales. La exploración no autorizada de hidrocarburos en el lecho o subsuelo del mar territorial o de la plataforma continental puede recibir penas de 5 a 10 años de prisión, además de multas.
Cuando se trata de actividades de extracción, transporte o almacenamiento, las penas pueden alcanzar entre 10 y 15 años de prisión. Para las personas jurídicas también están previstas multas, suspensión de actividades y cancelación de la personería.
Qué cambia con las medidas de Milei
Uno de los primeros pasos del Gobierno fue el Decreto 868/2026, que modifica el esquema de aplicación de la Ley 26.659. Entre los cambios principales figura el traspaso de la autoridad de aplicación de la Secretaría de Energía al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Además, los organismos nacionales deberán informar a Cancillería cualquier hecho que pueda constituir una infracción. Los presuntos responsables tendrán 10 días hábiles para presentar su descargo y ofrecer pruebas.
El decreto también incorpora una declaración jurada para empresas que quieran ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) o tramitar permisos y concesiones hidrocarburíferas.
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional
La iniciativa enviada al Congreso busca ampliar todavía más el régimen. El Ejecutivo pretende extender las responsabilidades a proveedores, accionistas y directores de las empresas involucradas en actividades no autorizadas.
También propone ampliar las prohibiciones de contratación y extender las sanciones a otras actividades vinculadas con los recursos naturales argentinos en las islas.
El paquete incluye además la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, destinado a coordinar acciones entre Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.
En paralelo, el Gobierno anunció recursos para avanzar con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego y reforzar capacidades estratégicas en el Atlántico Sur, mientras Cancillería continúa notificando a empresas y gobiernos extranjeros sobre las consecuencias de participar en actividades consideradas contrarias a la legislación argentina.
