La defensa del senador brasileño y candidato a presidente Flávio Bolsonaro intensificó sus maniobras legales para alterar el curso de la investigación sobre el financiamiento de “Dark Horse”, el proyecto cinematográfico basado en la vida de su padre y expresidente Jair Bolsonaro.
En un intento por evitar que las pesquisas continúen bajo la jurisdicción de Flávio Dino, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), los abogados han solicitado en cuatro ocasiones distintas que el expediente sea transferido al despacho del ministro André Mendonça.
El caso indaga una compleja red de presuntas irregularidades financieras que incluyen lavado de dinero, evasión de divisas y la supuesta desviación de recursos públicos a través de enmiendas parlamentarias. Los investigadores sospechan que estos fondos estatales fueron canalizados hacia entidades estrechamente vinculadas a “Go Up”, la productora responsable del largometraje.
Las pesquisas también examinan transferencias que alcanzan los 62,8 millones de reales, atribuidas a Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master. Además, se investiga si una porción de estos millonarios recursos fue utilizada de manera ilícita para financiar la estadía del diputado Eduardo Bolsonaro en los Estados Unidos.
En los recursos presentados entre julio y agosto ante el presidente del STF, Edson Fachin, y el propio Dino, la defensa argumenta que Mendonça ya es el relator de cinco de los seis procedimientos legales vinculados a la película y a Vorcaro.
Los abogados de Bolsonaro denuncian una “prevención artificial” en la asignación del caso a Flávio Dino, argumentando que se utilizó la causa del “presupuesto secreto” (ADPF 854) de forma manipulada para otorgarle la relatoría, cuando, a su juicio, una investigación penal sobre una obra audiovisual no guarda relación con el control de constitucionalidad de dicho presupuesto.
La disputa por la competencia del caso se produce en un momento de alta tensión. Recientemente, una megaoperación de la Policía Federal —autorizada por el propio Dino— ejecutó 49 órdenes de allanamiento. Entre los principales objetivos figuraron Mario Frias, exsecretario especial de Cultura del gobierno de Bolsonaro, y Karina Ferreira da Gama, propietaria de la productora del filme.
Mientras Flávio Bolsonaro sostiene públicamente que no se invirtió ni un solo centavo de dinero público en la película, la Policía Federal investiga delitos de peculato, organización criminal y fraudes en licitaciones. El levantamiento del secreto de sumario ha revelado, además, contratos de producción blindados con cláusulas de confidencialidad y multas de hasta un millón de reales, arrojando nuevas sombras sobre el verdadero origen del capital de “Dark Horse”. El STF deberá ahora dirimir esta batalla legal que amenaza con acorralar al entorno más íntimo del expresidente.
