En Chile se encendieron las alarmas luego de que se denunciara que organizaciones delictivas compran estancias en Argentina para controlar pasos fronterizos clandestinos hacia el país trasandino.
El dato fue aportado por Julio César Zárate, fiscal federal de Río Gallegos, durante las reuniones de la Comisión de Seguridad Pública del Senado chileno realizadas en Punta Arenas.
En el encuentro, participaron fiscales, policías, autoridades marítimas y especialistas de ambos países. El objetivo fue analizar desde el narcotráfico hasta las rutas marítimas y terrestres utilizadas por organizaciones criminales que aprovechan la enorme extensión de la frontera.
La modalidad permitía a las bandas disponer de accesos privados para ingresar o salir de Argentina utilizando pasos fronterizos no habilitados.
“Las organizaciones compraban las estancias argentinas para justamente tener el paso del otro lado chileno”, afirmó el funcionario judicial.
El caso se inició como una forma de evitar el narcotráfico, pero también se detectaron contrabandos de cigarrillos y otras mercaderías, además de casos vinculados con la trata de personas.
La respuesta del Gobierno de Chile
El Ministerio de Seguridad Pública del país vecino señaló que actualmente no existe una alerta específica de este tipo en las fronteras chilenas, aunque reconocieron que se reforzó el monitoreo de los pasos de la zona sur.
Las autoridades identificaron particularmente a Palena y Cochamó, como los sectores que presentan mayores dificultades para el control fronterizo.
También existe una dificultad administrativa adicional: las autoridades chilenas señalaron que no cuentan con mecanismos para controlar preventivamente la compraventa de terrenos entre privados, por lo que la intervención estatal se produce principalmente cuando existen antecedentes concretos de un delito.
