La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) quedó nuevamente en el centro de la polémica por una serie de documentos técnicos que describen posibles irregularidades en la adquisición de prótesis, implantes, sillas de ruedas y otros insumos médicos.
Los informes fueron enviados a la Justicia por el Ministerio de Salud y el exinterventor Alejandro Vilches. De acuerdo con la documentación, algunos productos se habrían pagado a valores hasta un 1.972% superiores a los abonados por otras dependencias estatales.
También se detectaron posibles pagos duplicados, errores en la categorización de productos y constancias de entrega que no coincidirían con lo ocurrido.
Compras de ANDIS con diferencias millonarias
Uno de los casos más llamativos corresponde a un sistema de válvulas bicavales transcatéter. La ANDIS habría recibido una factura de $425 millones en julio de 2025, mientras que meses antes el PAMI había adjudicado un producto identificado de la misma manera por $124,2 millones.
Según los informes, la diferencia implica que el organismo encargado de asistir a personas con discapacidad habría pagado más de tres veces el valor abonado por el PAMI.
Los técnicos también analizaron la adquisición de endoprótesis y de una válvula pulmonar autoexpandible. En esas operaciones, las diferencias entre lo facturado a la ANDIS y los precios pagados por otros organismos habrían alcanzado el 711%.
Implantes cocleares y neuroestimuladores bajo sospecha
Otro punto investigado es la compra de implantes cocleares. El precio promedio abonado habría sido de US$62.613 por unidad, mientras que la referencia utilizada por los auditores rondaba los US$16.975.
La diferencia representaría un incremento cercano al 269% sobre el valor estimado.
También se observó la adquisición de un neuroestimulador por $132,4 millones en junio de 2025. Un mes antes, el PAMI había comprado un dispositivo similar por $41,5 millones la unidad. En este caso, la brecha señalada fue del 219%.
Las comparaciones deberán ser analizadas por los investigadores, ya que es necesario determinar si los productos presentaban las mismas características técnicas y condiciones comerciales.
Productos importados más caros y de menor duración
Los documentos también cuestionaron la selección de determinados componentes importados. Según los técnicos, algunas necesidades podían resolverse con equipamiento nacional más económico, resistente y adecuado para los pacientes.
Pese a la existencia de esas alternativas, se habrían comprado módulos importados con diferencias de entre el 300% y el 1.000%.
Además, algunos productos habrían sido facturados por valores de entre $11 millones y $14,9 millones, aunque por las patologías de los beneficiarios habrían correspondido elementos cuyos precios oscilaban entre $1,3 millones y $2,3 millones.
Una factura habría sido pagada dos veces
La documentación puso el foco sobre una factura de $28,7 millones emitida por la empresa Indecomm. De acuerdo con el relevamiento administrativo, el mismo comprobante habría sido abonado en dos oportunidades.
La investigación deberá determinar si se trató de un error contable o de una irregularidad deliberada.
Los informes también advirtieron que las contrataciones se habrían concentrado en un grupo reducido de proveedores, con una cantidad limitada de oferentes. Este sistema podría haber afectado la competencia necesaria para obtener mejores precios.
La prótesis que figuraba como entregada, pero nunca llegó
Uno de los episodios más sensibles corresponde a un paciente de Río Negro que necesitaba una prótesis por una amputación.
En el expediente aparecía un remito firmado por la madre del beneficiario como constancia de recepción. Sin embargo, una revisión posterior habría demostrado que la prótesis nunca fue entregada.
Según el informe, la firma habría sido obtenida durante la toma de medidas, sin que la familia supiera que sería utilizada como comprobante definitivo de entrega.
La Justicia deberá establecer ahora si las diferencias detectadas fueron consecuencia de errores administrativos, fallas en los controles o posibles maniobras intencionales.
Mientras la investigación continúa, los documentos conocidos colocan bajo la lupa el manejo de fondos destinados a un área especialmente sensible: la asistencia médica de personas con discapacidad que necesitan respuestas urgentes.
