Una serie de audios, mensajes y documentos revelados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España colocó a la administración de Sánchez, que ya lleva siete años en el poder, al borde del abismo.
Por Canal26
Jueves 19 de Junio de 2025 - 22:00
Pedro Sánchez, España. Foto: EFE
Corrupción, prostitución y desvío de fondos: el caso Koldo acorrala al gobierno socialista de Pedro Sánchez que lo pone en el centro de una crisis política de magnitud extraordinaria y hace temblar las bases del gobierno de PSOE.
Una serie de audios, mensajes y documentos revelados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España colocó a la administración de Sánchez, que ya lleva siete años en el poder, al borde del abismo.
Los cuestionamientos elevaron el tono el miércoles 18 de junio de 2025 en el parlamento después que, dos días antes, el mandatario en la sede del PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL intentó dar explicaciones que no convencieron y además expresó una frase que aún resuena:
Lo dijo sin ponerse colorado.
Santiago Abascal fue uno de los parlamentarios que llevó la voz cantante en el recinto. Antes de retirarse fue directo y duro contra el líder socialista que en su presentación en la sesión de control de gobierno expresó.
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En el "caso Koldo", se investiga una trama de corrupción que incluye pagos ilegales, adjudicaciones irregulares de contratos durante la pandemia y, en una derivación que ha generado fuerte conmoción, el presunto uso de fondos públicos para encuentros con prostitutas.
Las grabaciones, difundidas por medios españoles y contenidas en informes judiciales, exponen a ex funcionarios del Partido Socialista Obrero Español, incluidos el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García, en conversaciones donde se refieren a encuentros sexuales” “fiestas” y el “reparto de mujeres para el fin de semana”.
La causa también salpica a Santos Cerdán, ex número tres del partido y hombre de máxima confianza de Sánchez, a quien se le atribuye participación en adjudicaciones indebidas.
El parlamento fue una caja de resonancia que expresa el repudio de buena parte de la opinión pública española que no duda en abuchearlo. Gabriel Rufian fue otro de los legisladores que lo increpó.
“Koldo se encargaba de las mujeres”, declaró ante la Justicia Víctor de Aldama, empresario vinculado a la causa, quien también indicó que se pagaron 28 pisos turísticos en Madrid entre 2020 y 2021 para organizar reuniones con supuestas trabajadoras sexuales.
En el teléfono de García se hallaron listas con nombres como “Adriana Brasileira”, “Alini Da Silva” o “Tatyy”, descritas como “amigas” o “brasileras”, y que, según la Unidad Central Operativa, formaban parte de un grupo usado para agasajar a contratistas en el contexto de negociaciones o celebraciones con proveedores estatales.
Uno de los nombres más repetidos en los chats es el de Anaís, también conocida como Letizia Hilton, señalada como una mujer que aparece en múltiples videos de pornografía amateur y que habría mantenido vínculos con Ábalos.
El escándalo se produce en un contexto especialmente sensible: el PSOE impulsa una ley para abolir la prostitución en España. Sin embargo, los hechos revelados implican a dirigentes que habrían financiado servicios sexuales con fondos públicos, en contradicción con la agenda feminista del gobierno.
El presidente de España y líder del PSOE, Pedro Sánchez. Foto: EFE/Mariscal
La política socialista Pilar Bernabé calificó las revelaciones como “asquerosas y repugnantes”, mientras sectores internos exigieron sanciones en el código ético del partido.
El diario El País dedicó una columna al caso bajo el título “De puteros y triángulos”, en la que analiza el contraste entre el discurso público y las prácticas privadas de referentes del PSOE.
El caso Koldo es solo una de varias causas judiciales que golpean al entorno de Pedro Sánchez. Su esposa, Begoña Gómez, enfrenta una investigación por presunto tráfico de influencias.
Su hermano, David Sánchez, fue enviado a juicio por un presunto caso de empleo irregular en una dependencia pública. Y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está bajo sospecha por la posible filtración de secretos judiciales a la prensa.
Protestas contra Pedro Sánchez en España. Foto: REUTERS/Ana Beltran
Incluso Leire Díez, militante socialista, fue grabada ofreciendo información comprometedora sobre miembros de la Guardia Civil a cambio de favores judiciales.
A pesar del amplio repudio a los actos de corrupción y pedidos de censura contra su gobierno, Sánchez descartó, por ahora, la posibilidad de adelantar elecciones generales, pero la presión política crece. Su socio de coalición, Sumar, evalúa su continuidad en el gobierno.
La Justicia continúa con las investigaciones. Mientras tanto, el escándalo combina corrupción económica, moral y política, y deja al Ejecutivo español bajo una tormenta cuya magnitud todavía no se puede dimensionar completamente.
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