Lo que parecía una vivienda más en Otero de Herreros, una localidad de Segovia, España, terminó bajo la lupa judicial por una acumulación fuera de escala: toneladas de baterías de litio guardadas sin autorización, repartidas entre habitaciones, dependencias y zonas anexas de una finca particular. El caso derivó ahora en una condena confirmada por la Justicia.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratificó la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Segovia contra un hombre acusado de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. La sentencia lo condena a 18 meses de prisión, una multa de 2.340 euros y 20 meses de inhabilitación para actividades vinculadas con residuos peligrosos.
Una casa usada como depósito de baterías
Según la resolución judicial, el acusado acumuló entre agosto de 2021 y julio de 2023 baterías, pilas y acumuladores de ion-litio que habían sido descartados por terceros. El material estaba almacenado sin control y sin las medidas exigidas para este tipo de residuos, tanto dentro de la vivienda como en otras construcciones de la finca.
La investigación avanzó cuando el 5 de julio de 2023 fue interceptado en una empresa de paquetería un palé enviado por el propio acusado, con unos 650 kilos de baterías de litio. Semanas más tarde, por orden judicial, se realizó una entrada y registro en la vivienda y en la finca, donde los investigadores encontraron un volumen mucho mayor de material.
El argumento de la defensa no convenció al tribunal
La Guardia Civil estimó inicialmente que el material intervenido rondaba las 45 toneladas. Luego, el expediente precisó 30.998 kilos de residuo bruto de baterías de ion-litio y 29.573 kilos de residuo neto tras su acondicionamiento para la gestión correspondiente.
La defensa sostuvo que las baterías todavía podían funcionar y que estaban destinadas a un proyecto de autoconsumo fotovoltaico en la vivienda. Sin embargo, el tribunal rechazó esa versión. Para los jueces, la mayoría de los acumuladores habían sido desechados por sus anteriores propietarios y estaban siendo gestionados sin autorización administrativa.
Riesgo de incendio y daño ambiental
La Sala consideró probado que el acusado no solo almacenaba el material, sino que también realizaba tareas de manipulación y preparación para su envío a terceros mediante empresas de transporte. Esa actividad, según el fallo, requería permisos específicos por tratarse de residuos peligrosos.
El punto decisivo fue el riesgo generado por la forma en que estaban guardadas las baterías. El tribunal tuvo en cuenta el volumen acumulado, la presencia de unidades deterioradas y la falta de medidas de seguridad. Ese conjunto, señaló la resolución, hacía real la posibilidad de incendios y de contaminación de aguas subterráneas.
La condena incluye además la obligación de asumir los costes derivados de la intervención, retirada, transporte, custodia, almacenamiento, destrucción o tratamiento final del material decomisado, una cantidad que deberá determinarse en la ejecución de la sentencia. También quedó confirmado el decomiso y la destrucción de los residuos intervenidos.
