Una ex empleada del Poder Judicial de Río Negro, que fue cesanteada tras comprobarse que mantenía tres empleos remunerados de manera simultánea, accedió a una suspensión del juicio a prueba (probation) en la causa penal que se le inició por presunta defraudación contra la administración pública. Aunque ya había devuelto más de 45 millones de pesos reclamados por el Estado provincial, ahora deberá cumplir nuevas condiciones y realizar un pago adicional para evitar llegar a juicio.
El caso tuvo origen en una investigación administrativa interna del Poder Judicial, que detectó una situación incompatible con las normas que regulan el empleo judicial. La legislación provincial prohíbe a jueces, funcionarios y empleados desempeñar otros cargos o actividades rentadas, salvo excepciones vinculadas a tareas académicas.
Empleada judicial con tres trabajos: cómo se descubrió la maniobra
La mujer se desempeñaba en los tribunales de Cipolletti, pero al mismo tiempo cobraba salarios en la Municipalidad de San Martín de los Andes y en la Obra Social de Petroleros Privados. Según la acusación formulada por el fiscal Diego Vázquez, utilizó distintas licencias para ausentarse de su puesto judicial mientras cumplía funciones en esas otras instituciones.
De acuerdo con la investigación penal, entre junio y octubre de 2022 trabajó para el municipio neuquino y posteriormente, entre octubre de 2022 y agosto de 2024, fue empleada de la obra social. Durante todo ese período habría percibido remuneraciones simultáneas pese a conocer que la normativa judicial le impedía ejercer otro empleo.
La fiscalía sostuvo que la exempleada actuó con la intención de obtener un beneficio económico indebido en perjuicio del Estado. En la acusación se señaló que el monto percibido de manera irregular alcanzó, hasta el 31 de enero de 2025, los $20.669.213,51.
La cesantía y la devolución de más de $45 millones al Estado
Mientras avanzaba la causa penal, el trámite administrativo siguió un camino independiente. El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro analizó el caso, determinó la existencia de un perjuicio económico para el Poder Judicial y resolvió la cesantía de la trabajadora.
Además, se le exigió la devolución de $45.278.300,45, cifra que incluyó tanto los salarios percibidos durante los períodos observados como los intereses correspondientes. La mujer acordó cancelar la deuda en cuatro cuotas mensuales. Según consta en las actuaciones, abonó las dos primeras dentro del plazo establecido y luego anticipó las restantes, completando la restitución total del dinero.
Con el reintegro efectuado, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas dio por concluida su intervención a fines de 2025. Ese organismo había iniciado las actuaciones tras recibir una comunicación del Superior Tribunal de Justicia sobre una posible afectación de fondos públicos.
La probation: cuáles son las condiciones para evitar el juicio
La devolución del dinero no implicó el cierre automático de la causa penal. Frente a la acusación por defraudación contra la administración pública, la exempleada solicitó acceder a la suspensión del juicio a prueba, un mecanismo que permite dejar en suspenso el proceso bajo determinadas condiciones.
El acuerdo fue homologado semanas atrás y contempla una serie de pautas de conducta que deberá respetar durante el período fijado por la Justicia. Entre ellas, mantener un domicilio actualizado, abstenerse de consumir alcohol y estupefacientes y someterse al control de la oficina especializada en suspensiones de juicio a prueba de Neuquén, provincia donde reside actualmente.
También deberá realizar una reparación económica de $500.000. El monto fue dividido en dos cuotas consecutivas de $250.000. La primera venció el 15 de julio y la segunda deberá ser abonada antes del 15 de agosto de 2026. El dinero será destinado al Jardín de Infantes N.º 15 Valle de Ensueño, de Cipolletti. Si cumple con todas las condiciones impuestas, la acción penal podrá extinguirse sin necesidad de que se realice un juicio oral.
Reserva de identidad por razones de salud mental
A diferencia de lo ocurrido en el expediente administrativo, donde la resolución de cesantía fue difundida con el nombre completo de la empleada, en el proceso penal su identidad permanece bajo reserva.
La decisión fue adoptada por el juez de Garantías, Juan Puntel, luego de que la mujer presentara documentación médica y solicitara medidas de resguardo vinculadas a su estado de salud mental. El magistrado hizo lugar al planteo y ordenó preservar sus datos personales durante toda la tramitación de la causa.
De esta manera, uno de los casos más llamativos detectados en los últimos años dentro del Poder Judicial rionegrino quedó encaminado hacia una salida alternativa. Pese a haber reintegrado más de 45 millones de pesos al Estado y aceptar nuevas obligaciones económicas y de conducta, la exempleada aún deberá atravesar un período de supervisión judicial antes de lograr el cierre definitivo del expediente penal.
