El Gobierno nacional busca modificar la ley N° 26.737, también conocida como “Ley de Tierras”, sancionada el 22 de diciembre de 2011. La reglamentación vigente impone un límite del 15% a la adquisición de tierras por parte de empresas y/o personas extranjeras.
Las modificaciones, que se introducirían a través de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, ya fueron enviadas al Senado.
El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la UBA, presentó un mapa que revela que en la actualidad el alcance de la extranjerización de la tierra en Argentina es del 5,57% del territorio nacional, esto es más de 13 millones de hectáreas, una superficie similar a Inglaterra. Un porcentaje muy por debajo del tope establecido en la legislación en curso.
La dirigente Elisa Carrió fue una de las primeras voces que se levantó contra el proyecto del poder ejecutivo y fue crítica sobre quienes firmaron el proyecto.
Además, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, también se expresó sobre el envío a la Cámara Alta las modificaciones a la Ley n° 26.737.
En tanto, el senador Fernando Ragel es uno de los integrantes de la oposición que se oponen a las modificaciones que señaló Matías Oerlin, el titular del Observatorio de Tierras.
Por su parte, el senador Wado de Pedro explicó por qué votará en contra del proyecto de La Libertad Avanza: “La única explicación para esto es algún negocio inconfesable de Milei con megamillonarios, fondos especulativos o potencias extranjeras”, opinó.
En su informe final, el Observatorio de Tierras resume de esta manera la discusión que se replica en el parlamento: “La extranjerización de tierras en nuestro país que impulsa el gobierno nacional es un acuciante problema de soberanía”.
