
¿Qué sucederá con el dictado de clases y qué nivel de actividad tendrán las escuelas este lunes 3 de agosto en todo el país? La convocatoria al paro nacional decretado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) abrió un escenario de profunda incertidumbre para millones de familias.
Debido a que el acatamiento a la huelga dependerá de la adhesión de los maestros en cada provincia y colegio, el normal desarrollo de la jornada escolar quedó bajo cuestionamiento, amenazando con paralizar las aulas de manera dispar en todo el territorio nacional.

Capital Humano ratificó “el 75% de la prestación habitual del servicio educativo”
El Ministerio de Capital Humano, comandado por la ministra Sandra Pettovello desde el Consejo Federal de Educación, ratificó “el 75% de la prestación habitual del servicio educativo”.
Según difundió, harán una “inspección muestral” en escuelas de todo el país para verificar que los gremios cumplan con la cobertura del 75% por tratarse de un servicio esencial, como declararon con la reforma laboral. “En el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa,se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan”, indicaron.
La resolución se llevó a cabo a través de la Secretaría de Educación que conduce Carlos Torrendel, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 27.802 “que consagra la educación como servicio esencial”.
“Se ratificó el compromiso con la cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio educativo, conforme lo dispone la normativa vigente y la potestad del Poder Ejecutivo Nacional de supervisar su cumplimiento por tratarse de una medida de fuerza nacional. La medida busca resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias argentinas ante la jornada de paro”, manifestaron desde el Ministerio.
Del encuentro participaron los miembros de las carteras educativas de las jurisdicciones y de la Nación, quienes planificaron en conjunto “las acciones necesarias para garantizar la continuidad del dictado de clases en todo el país y para articular la inspección nacional” durante la jornada que anunció la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), el pasado miércoles.
A qué responde la medida de fuerza
La medida de fuerza dispuesta por CTERA responde a un paquete de reclamos salariales y laborales motivados por la congelación del haber mínimo del sector en 500.000 pesos durante el último año. Entre sus exigencias centrales, la entidad sindical reclamó la apertura inmediata de la Paritaria Nacional Docente, aumentos salariales, el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y una nueva ley de financiamiento educativo.
A su vez, los trabajadores expresaron su objeción ante una probable reforma previsional y rechazaron el proyecto de la “Ley de Libertad Educativa”, sumando reclamos de inversión en infraestructura, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.
En contraste con el paro total impulsado por CTERA, los sindicatos docentes alineados en la Confederación General del Trabajo (CGT) dispusieron encarar un plan de lucha alternativo que no prevé la suspensión de las actividades escolares. Estas organizaciones optaron por llevar adelante jornadas de trabajo a reglamento y el dictado de clases informativas dirigidas a comunicar la problemática edilicia y remunerativa del sector.

Asimismo, las autoridades de la central obrera convocaron a una conferencia de prensa para este lunes a las 14:00 en su sede de Azopardo 802, donde anunciarán los detalles de una movilización que se dirigirá al Ministerio de Capital Humano o a la Secretaría de Educación.
¿Qué sucederá el martes 4?
En la Provincia de Buenos Aires, agrupaciones disidentes como la Multicolor del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) o la Asociación de Maestros y Maestras bonaerenses plantearon extender las medidas en jornadas de protesta de hasta 48 horas, por lo que comprendería también el martes 4.
En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, miembros del sindicato aseguraron que la inversión nacional en educación "se redujo cerca de un 50% en términos reales entre 2023 y 2025, cayendo desde el 1,43% del PBI hasta un piso cercano al 0,75%“.
Asimismo, indicaron que el financiamiento educativo consolidado "descendió al 4% del PBI" y los programas de Educación Obligatoria "sufrieron una reducción real del 76,5%“, mientras que la inversión en infraestructura educativa “cayó un 58,5%“.

















