El petróleo, el gas y los minerales pueden financiar mucho más que un presupuesto. La fracasada experiencia de Santa Cruz en los noventa y las lecciones de los fondos de largo plazo obligan a discutir qué parte de la nueva riqueza quedará para la educación y el bienestar de quienes todavía no han nacido.
Un niño que hoy empieza la escuela en Neuquén podría ingresar al mercado laboral cuando la economía del petróleo sea muy distinta. Una niña de la Puna podría terminar sus estudios universitarios en un mundo que utilice otras tecnologías para almacenar energía. Ninguno de los dos participa en la discusión sobre las regalías que reciben sus provincias, pero ambos tienen un interés directo en su destino. Una parte de la riqueza que se extrae hoy también debería pertenecerles.
Argentina vuelve a tener una oportunidad de transformar recursos naturales en una herencia duradera. El crecimiento de los hidrocarburos no convencionales, el desarrollo del litio y la cartera de proyectos de cobre, plata y oro, y pronto uranio, abren una discusión que merece la misma atención que los anuncios de inversiones: cuánto de los ingresos públicos adicionales se destinará al presente y cuánto se conservará para financiar oportunidades durante décadas. Las exportaciones de una empresa no equivalen a recursos del Estado. El dinero que puede alimentar un fondo es el que efectivamente ingresa a la jurisdicción por regalías, tributos específicos, cánones o participaciones societarias.
La propuesta del prestigioso abogado argentino que reside en NY, Conrado Tenaglia, el primer argentino en recibir el premio internacional del año de Latin Lawyer (destacada plataforma de noticias, análisis y publicaciones), publicada en LA NACIÓN, aporta una regla para iniciar ese debate: reservar una porción importante de las regalías de recursos no renovables en un patrimonio permanente, proteger su capital y limitar las distribuciones. Su referencia de ahorrar al menos la mitad exige un examen fiscal en cada provincia, pero coloca sobre la mesa una responsabilidad que el presupuesto anual suele postergar.
Argentina conoce el valor de esa decisión porque ya conoció su ausencia. En los años noventa, en la administración de Carlos Menem, el reconocimiento de acreencias por regalías y la reorganización de YPF permitieron a las provincias productoras transformar derechos económicos en bonos y acciones. La reparación patrimonial fue importante. Lo que no se construyó de manera general fue una institución que obligara a mantener una parte de aquel patrimonio fuera del alcance del gasto cotidiano.
Santa Cruz es la advertencia más visible. Los fondos asociados a las regalías recuperadas y a la trayectoria posterior de sus activos fueron durante años objeto de controversias sobre su administración, su localización y su rendición. En 2008, cuando se preparaba la radicación de recursos en el Banco Nación, LA NACIÓN recordaba que una ley provincial había aprobado lo actuado sobre la base de un informe del Ejecutivo y que parte del dinero ya había ingresado a los presupuestos.
El episodio más revelador llegó después. En enero de 2012, según la crónica contemporánea de OPI Santa Cruz, el gobernador Daniel Peralta reconoció que una porción importante de aquellos fondos había financiado aumentos salariales otorgados desde 2007. Los trabajadores podían tener reclamos legítimos; el problema económico era sostener compromisos permanentes con una reserva extraordinaria. El ahorro que podría haber producido ingresos durante generaciones quedó disponible para resolver urgencias del gobierno de turno.
Santa Cruz muestra la fragilidad de una reserva que carece de una barrera eficaz frente al presupuesto. Recibir y administrar una fortuna temporal no asegura conservar una herencia financiera para los habitantes futuros. La preservación depende de reglas que sigan vigentes cuando cambie el gobierno, caigan los ingresos o crezca la presión para gastar.
Otras provincias muestran riesgos diferentes. Tenaglia señala la pérdida de valor del fondo mendocino por créditos a tasas negativas y la vulnerabilidad del ahorro anticíclico de Neuquén frente a una reasignación presupuestaria. Son advertencias sobre el diseño, no una condena a toda política de desarrollo provincial. En Chubut, el propio gobierno describió en 2025 cómo el BOCADE retenía regalías para atender sus vencimientos. Allí la lección consiste en no hipotecar automáticamente la renta que todavía no se cobró.
La discusión tampoco termina en las provincias. En 2008, la Ley 26.425 eliminó el régimen de capitalización previsional administrado por las AFJP y transfirió sus activos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Se trataba de ahorro previsional, acompañado de obligaciones con los jubilados, y no de una recaudación extraordinaria libre de compromisos. El FGS conserva activos y publica informes: la crítica a su administración debe concentrarse en sus decisiones y resultados, sin dar por desaparecido todo el patrimonio.
Precisamente por su origen, aquel ahorro merecía una separación particularmente exigente frente a las necesidades financieras del poder político. El régimen del FGS contempló préstamos a provincias y su refinanciación, y en 2020 autorizó una asistencia al sistema previsional mediante títulos públicos. Esas operaciones tuvieron respaldo legal; su conveniencia debe juzgarse por el rendimiento, el riesgo y el beneficio previsional. A mi juicio, tratar el ahorro de los trabajadores como una fuente habitual de financiamiento estatal debilita la promesa de proteger su futuro. El despilfarro también puede tomar la forma de una oportunidad de capitalización sacrificada a la conveniencia política. Los nuevos fondos educativos deberían evitar ese conflicto, y nunca financiarse desviando recursos reservados a jubilaciones.
La soja dejó otra enseñanza. En 2012 superó los 600 dólares por tonelada en Chicago y alcanzó máximos cercanos a 650; en 2021 volvió a atravesar el umbral de 600. El aumento del precio favoreció la recaudación de derechos de exportación, aunque el resultado también dependió del volumen cosechado, las ventas efectivas y el tipo de cambio. Argentina no estableció una regla duradera para convertir una parte del excedente fiscal de esos episodios en una reserva permanente. A mi juicio, esa fue una oportunidad desperdiciada: el alivio de un ciclo excepcional se absorbió en las necesidades del momento sin asegurar una herencia proporcional a su magnitud.
La comparación exige distinguir lo que pertenece a cada actor. Las divisas de la cosecha son ingresos de quienes producen y exportan; la porción fiscal corresponde al Estado nacional por los derechos de exportación. Un eventual fondo debería nutrirse de excedentes públicos definidos con una regla transparente, sin confiscar ingresos privados ni crear nuevos impuestos. La agricultura, además, produce una renta renovable y cíclica: allí corresponde pensar en estabilización y capitalización del excedente, mientras que el petróleo y los minerales requieren compensar la reducción de un patrimonio natural finito.
Para un país que busca vínculos más profundos con Asia, este debate tiene una dimensión adicional. Qatar Investment Authority declara un mandato de creación de valor para generaciones futuras. Singapur, a través de Temasek, convirtió participaciones públicas en una cartera de inversiones de largo plazo. Son trayectorias distintas: Singapur no construyó su patrimonio sobre una renta petrolera comparable a la argentina. Comparten, sin embargo, una decisión institucional: administrar activos con un horizonte que supera el mandato de un gobierno.
Noruega ofrece el paralelo más directo con la riqueza hidrocarburífera y Alaska demuestra que una jurisdicción subnacional también puede proteger parte de sus ingresos extractivos. Ninguna experiencia debe copiarse mecánicamente. La enseñanza útil para las provincias argentinas es la disciplina que separa la propiedad del patrimonio, la gestión de inversiones y la decisión de cuánto puede gastarse.
La nueva oportunidad tiene un mapa concreto. Algunas fuentes ya generan recursos; otras son proyectos cuyo futuro depende de inversiones, permisos, precios y viabilidad ambiental. Ordenarlas desde ahora permite aprobar reglas antes de que cada ingreso adicional se convierta en una obligación de gasto:
Neuquén y Río Negro. La expansión petrolera y gasífera, las inversiones vinculadas a Vaca Muerta y la infraestructura de exportación permiten discutir el ahorro de una fracción de ingresos públicos incrementales. Un ducto, una terminal o una planta de gas natural licuado no producen por sí solos una regalía provincial: debe precisarse el derecho fiscal o contractual de cada jurisdicción.
Jujuy, Salta y Catamarca. El litio reúne producción existente, ampliaciones y proyectos nuevos. El fondo puede recibir regalías y dividendos provinciales efectivamente disponibles. Debe respetar participaciones municipales, obligaciones ambientales y contratos; el valor del mineral exportado no es la recaudación que queda en una provincia. [10]
San Juan, Mendoza, Salta y Catamarca. La cartera de cobre ofrece la oportunidad de acordar reglas de ahorro antes de la explotación. Cada proyecto requiere su propia evaluación. Los ingresos potenciales deben incorporarse cuando se materialicen, sin prometer becas financiadas por una mina que todavía no produce.
Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. Los flujos de hidrocarburos y, donde correspondan, los de minería, pueden sostener una reserva si existe margen después de las obligaciones actuales. La pesca admite fondos de sostenibilidad y formación con ingresos provinciales identificados: es un recurso renovable que exige preservar su capacidad de reproducción, y parte de su regulación y recaudación pertenece a la Nación.
Las provincias hidroeléctricas. Neuquén, Río Negro y otras jurisdicciones con derechos hidroeléctricos pueden evaluar cuánto de sus ingresos legalmente disponibles destinan a un patrimonio educativo. Los acuerdos y concesiones deben revisarse por separado; una regalía no se cuenta dos veces ni se desvía si tiene una afectación vigente.
Córdoba. Una parte de las utilidades realmente distribuibles de la generación hidroeléctrica provincial podría alimentar el fondo. Córdoba también podría negociar con la Nación una compensación por Embalse. Hoy no debe presentarse como una regalía nuclear ya reconocida: requiere un marco jurídico nuevo y una fórmula verificable.
Energía y economía digital. Dividendos públicos de proyectos renovables e ingresos extraordinarios derivados de centros de datos podrían ampliar la base en distintas provincias. La condición es identificar un canon, tributo o participación efectivamente cobrado; una inversión privada anunciada no constituye una renta pública disponible.
El caso cordobés permite dimensionar la discusión sin convertir una hipótesis en un derecho adquirido. Embalse generó 5.352.203 MWh netos en 2025, según el dato de Nucleoeléctrica reproducido por EconoJournal. Valorar esa energía a un precio supuesto de 60 dólares por MWh arroja unos 321 millones de dólares. Una contribución negociada del 3 por ciento sobre esa base hipotética representaría 9,6 millones al año; una del 12 por ciento, 38,5 millones. Son simulaciones: no son la facturación comprobada de la central ni dinero que Córdoba pueda reclamar hoy por una aplicación automática del régimen hidroeléctrico.
El propósito social necesita tanta precisión como la fórmula financiera. Los rendimientos podrían financiar alfabetización temprana, formación docente, matemática y ciencias, laboratorios, conectividad rural y becas para que el ingreso familiar o la distancia no determinen quién termina la secundaria. También podrían sostener formación técnica, salud preventiva, acceso al agua y preparación para nuevos empleos. Una parte de los beneficios debería alcanzar a las comunidades que soportan los impactos de las actividades productivas.
No alcanza con aumentar el gasto educativo. Hay que publicar resultados: aprendizaje, permanencia, graduación y acceso al empleo. Una beca sin acompañamiento puede perderse por falta de vivienda o transporte; una computadora sin conectividad ni docentes preparados no modifica por sí sola una trayectoria escolar. El fondo debería financiar programas evaluables y sumar recursos a la obligación educativa ordinaria, sin reemplazarla.
La arquitectura financiera debe ser igualmente exigente. Aportes automáticos sobre ingresos disponibles; patrimonio separado; gestores seleccionados por capacidad; custodia y auditoría independientes; costos y cartera publicados; y una regla de distribución compatible con conservar el capital en términos reales. El fondo no debería garantizar deuda del Tesoro ni prestarse para financiar al propio gobierno. Las excepciones tendrían que ser públicas, limitadas y sujetas a requisitos reforzados.
El ahorro tampoco debe ocultar el costo ambiental. Las reservas para remediación, cierre de minas y mantenimiento de infraestructura tienen un destino propio. Llamar intergeneracional a una cuenta no autoriza a transferir a los jóvenes un activo financiero acompañado de daños y obligaciones superiores a su valor. La riqueza que se conserve debe ser neta y su origen debe respetar la ley.
Argentina puede atender necesidades actuales y reservar al mismo tiempo una parte de sus ingresos extraordinarios. La discusión política consiste en decidir esa proporción con datos y sostenerla cuando aparezca la siguiente urgencia. Santa Cruz recuerda lo que ocurre cuando el patrimonio acumulado se vuelve una caja disponible. La próxima expansión energética y minera ofrece una oportunidad para actuar antes.
Cuando se haya vendido el último barril rentable de un área o cerrado una mina, las generaciones siguientes deberían encontrar algo más que recuerdos de un ciclo de exportaciones. Deberían encontrar escuelas mejores, capacidades para trabajar y un patrimonio que siga financiando oportunidades. Ese sería un resultado de desarrollo que Argentina podría mostrar al mundo: haber usado una riqueza transitoria para ampliar la libertad de quienes vienen después.
