Germán Luis Kammerath, ex Secretario de Comunicaciones de la Nación y ex Intendente de la Ciudad de Córdoba (1999-2003), brindó su opinión en Reporte Asia sobre el protagonismo de la Inteligencia Artificial en el escenario mundial y el rol que debe encarar nuestro país ante este avance tecnológico.
A continuación, reproducimos lo expresado en dicho artículo:
Energía, centros de datos, fibra, talento y libertad para ocupar la nueva frontera.
La inteligencia artificial está trazando un nuevo mapa del poder. La Argentina puede limitarse a consumir modelos concebidos, entrenados y alojados en otros países, o puede ocupar posiciones propias en la infraestructura y en el conocimiento. Colonizar este continente significa invertir antes de que sus fronteras queden cerradas.
Los continentes no se conquistan con discursos. Se conquistan llegando, construyendo y permaneciendo.
En la primera nota sostuve que la inteligencia artificial está creando un octavo continente: un espacio cognitivo cuya geografía son los datos, cuyas rutas son las redes, cuyas centrales industriales son los centros de cómputo y cuyo recurso más valioso será la decisión humana. Esa descripción conduce ahora a una pregunta nacional. ¿Qué debe hacer la Argentina para no convertirse en una periferia digital que compra inteligencia terminada y entrega a otros el control de sus datos, sus lenguajes y sus decisiones?
La respuesta exige recuperar una palabra que nuestra época mira con desconfianza: colonizar. No propongo dominar pueblos ni repetir la violencia de las antiguas conquistas. Propongo ocupar un territorio nuevo con infraestructura, talento, empresas, universidades y reglas propias. En el octavo continente, quedarse quieto equivale a ceder soberanía.
La Argentina debe obrar como colonizadora. Debe construir antes de que la demanda sea evidente, experimentar antes de que exista un manual y crear condiciones para que miles de argentinos aprendan a producir con inteligencia artificial. El objetivo no es fabricar cada chip ni desarrollar en soledad todos los modelos. Es evitar una dependencia absoluta en las capas que definirán la economía, la seguridad y la calidad del Estado durante las próximas décadas.
La oportunidad que no espera
Cada revolución tecnológica empieza con una asimetría. Durante un breve período, el futuro está abierto y nadie conoce por completo sus reglas. Luego aparecen las economías de escala, las plataformas dominantes, las patentes, los estándares y las redes de proveedores. Lo que al comienzo parecía un territorio disponible se convierte en una propiedad cercada.
La inteligencia artificial atraviesa todavía ese primer período. Los modelos cambian con rapidez, los costos de uso caen y nuevas aplicaciones aparecen cada semana. Pero la infraestructura que los hace posibles requiere años: generación y transmisión eléctrica, predios, permisos, fibra redundante, equipamiento, personal especializado y contratos de largo plazo. Los países que empiecen a construir cuando la demanda sea indiscutible descubrirán que los mejores lugares, la energía firme y el talento ya tienen destino.
La Argentina conserva ventajas poco frecuentes. Dispone de territorio, recursos energéticos diversos, clima favorable en varias regiones, universidades de calidad, tradición científica y una industria de software que aprendió a competir internacionalmente. También posee una red de fibra extensa, aunque fragmentada, desigualmente utilizada y muchas veces carente de la redundancia que exige una infraestructura crítica. La oportunidad existe, pero no se transforma sola en inversión.
En el año 2000, Córdoba entró por la puerta grande a la economía del conocimiento con Motorola, Intel y EDS. Aquellas radicaciones no resolvieron todos los problemas, pero demostraron que una política clara puede cambiar la vocación productiva de una ciudad y formar generaciones de empresas y profesionales. La IA ofrece una oportunidad mayor. Esta vez no alcanza con atraer oficinas de programación. Hay que participar también en la infraestructura que produce y distribuye inteligencia.
Soberanía algorítmica y Marca Argentina
La soberanía algorítmica no consiste en aislarse ni en pretender que cada tecnología lleve bandera nacional. Consiste en que la Argentina conserve capacidad para decidir dónde se alojan sus datos sensibles, bajo qué reglas se procesan, quién puede auditar los sistemas que afectan derechos y qué alternativas existen cuando un proveedor extranjero cambia sus condiciones. Un país soberano puede contratar tecnología global sin entregar por ello su criterio, su información estratégica ni su libertad de elección.
Esa capacidad también debe convertirse en una Marca Argentina reconocible ante quienes deciden las grandes inversiones. El país necesita presentarse con una propuesta concreta: territorio disponible, diversidad climática, fuentes de energía, profesionales de alto nivel, universidades capaces de formar talento y provincias dispuestas a competir por proyectos. Los inversores comparan potencia eléctrica, conectividad, estabilidad de las reglas, velocidad de los permisos, seguridad jurídica y disponibilidad de personal. La marca se construye cumpliendo en cada uno de esos aspectos.
En Alicia en el País de las Maravillas, la protagonista pregunta qué camino debe tomar sin haber resuelto primero a dónde quiere llegar. La Argentina no puede entrar de ese modo al nuevo territorio. Debe elegir un destino: ocupar un lugar propio en la economía de la inteligencia artificial. A partir de esa decisión podrá trazar caminos, asignar recursos y medir avances. Seguir preguntando qué rumbo conviene mientras otros construyen equivale a aceptar el mapa que ellos dibujen.
El tamaño del país y la variedad de sus climas permiten distribuir instalaciones según las necesidades de cada proyecto. Las regiones con temperaturas favorables pueden reducir parte de las exigencias de refrigeración; las zonas con energía abundante pueden atraer capacidad de cómputo; las ciudades universitarias pueden sostener investigación, operación y desarrollo de aplicaciones. Estas ventajas sólo adquieren valor cuando se integran en una oferta verificable y se presentan de manera profesional ante fondos, empresas tecnológicas, operadores y desarrolladores de centros de datos.
La inteligencia artificial debe ser, además, una aliada de la buena y sana administración. Puede ayudar a detectar gastos anómalos, ordenar expedientes, anticipar fallas, evaluar políticas y reducir tiempos de respuesta. No reemplaza la responsabilidad del funcionario ni convierte una recomendación automática en una decisión legítima. Bien utilizada, permite que el Estado conozca mejor sus problemas, fundamente sus actos y rinda cuentas con mayor precisión. La soberanía algorítmica empieza cuando el sector público domina estas herramientas en lugar de obedecerlas.
La energía es la primera frontera
Un centro de datos de inteligencia artificial es, antes que nada, una gran instalación eléctrica. Necesita potencia disponible, continuidad, previsibilidad contractual y capacidad de crecer. La discusión argentina suele comenzar por los beneficios impositivos. Debería comenzar por un mapa eléctrico.
La Nación y las provincias necesitan identificar nodos con generación firme, capacidad de transmisión, disponibilidad de suelo, acceso a agua cuando el diseño la requiera, condiciones climáticas y conectividad. Ese mapa debe distinguir entre campus de gran escala, instalaciones regionales y edge data centers cercanos a universidades, industrias, ciudades y fuentes de datos. No existe un único modelo para todo el país.
Los hyperscale data centers concentran enormes capacidades de almacenamiento y cómputo. Requieren inversiones y potencias que sólo algunos proyectos y territorios pueden sostener. Los edge data centers trabajan más cerca del lugar donde se generan o utilizan los datos. Reducen latencia, permiten respuestas locales y pueden vincularse con salud, producción industrial, logística, agro, seguridad, información satelital y servicios públicos. Una política federal debe atraer los grandes campus y, al mismo tiempo, sembrar nodos regionales.
Las represas, las centrales nucleares, los parques de renovables y los proyectos de generación distribuida deben incorporarse a una estrategia común. Las provincias con recursos hidroeléctricos pueden transformar energía en exportaciones digitales. Córdoba puede aprovechar Embalse, su ecosistema universitario, la experiencia tecnológica acumulada y la infraestructura de Falda del Carmen y la CONAE. La Patagonia combina clima, espacio y fuentes energéticas. El Norte Grande puede vincular renovables, minería y nuevos corredores digitales. Cada región debe encontrar su puerta de entrada.
La política no debe prometer energía que el sistema todavía no puede entregar. Debe crear contratos verificables, obras con responsables y cronogramas públicos. Los modelos de abastecimiento podrán combinar red, contratos privados de largo plazo y generación propia. La clave es que el inversor conozca desde el primer día cuánta potencia tendrá, cuándo estará disponible, cuál será su precio y qué ocurrirá si el proyecto crece.
Fibra para producir inteligencia
La energía permite computar. La fibra permite integrar ese cómputo al mundo. Un centro de datos sin rutas redundantes de alta capacidad es una isla costosa. Para operaciones críticas no basta con que una fibra pase cerca. Se necesitan dos o más trazas físicamente separadas, proveedores alternativos, puntos de intercambio y compromisos medibles de disponibilidad.
La Argentina debe auditar lo que ya tiene. ARSAT, con sus bemoles y opacidades, los operadores nacionales, las cooperativas, las empresas provinciales y los tendidos privados reúnen activos valiosos, pero el país carece de un mapa operativo único que muestre capacidad disponible, iluminación, redundancia, estado, utilización y distancia hasta los posibles polos de IA. La primera obra es conocer la infraestructura real.
Una parte del Fondo del Servicio Universal puede acelerar redes de fibra hacia zonas promovidas, siempre que se preserve su finalidad legal. El fondo existe para extender conectividad y corregir desigualdades de acceso. No debería financiar el enlace privado de una instalación aislada. Sí puede cofinanciar redes abiertas y compartidas que, además de servir a un polo de datos, conecten localidades, universidades, hospitales, parques industriales, escuelas y productores rurales.
El criterio debe ser sencillo: cada peso del Servicio Universal tiene que producir conectividad comprobable. La red financiada debe tener usuarios, tráfico, mantenimiento, indicadores públicos y una obligación de acceso mayorista no discriminatorio cuando corresponda. El FSU puede reducir el costo inicial de capital; la operación y el mantenimiento deben sostenerse con actividad económica real. De otro modo, volveremos a acumular fibra sin iluminar y equipamiento abandonado.
La conectividad rural también forma parte de esta estrategia. El agro argentino necesitará IA para trazabilidad, uso del agua, sanidad, logística, seguros y maquinaria autónoma. Llevar fibra, radioenlaces, redes móviles y soluciones satelitales a los territorios productivos no es una política asistencial. Es construir la red sensorial del nuevo continente.
Permisos rápidos y obligaciones claras
La inversión tecnológica puede perderse en una cadena de autorizaciones que ninguna oficina controla de principio a fin. Uso del suelo, ambiente, conexión eléctrica, obras, importación de equipos y habilitaciones siguen calendarios distintos. La Argentina necesita una ventanilla única para proyectos de infraestructura digital estratégica, con expediente electrónico, plazos máximos y silencio administrativo donde resulte jurídicamente admisible.
Simplificar no significa eliminar controles ambientales, laborales o de seguridad. Significa que cada autoridad sepa qué debe revisar, que no solicite dos veces la misma información y que fundamente cualquier demora. Un proyecto serio necesita previsibilidad más que favores.
El régimen de promoción debe premiar resultados verificables: megavatios efectivamente instalados, inversión desembolsada, empleo calificado, compras locales competitivas, formación de recursos humanos, capacidad de cómputo disponible para el sistema científico y reducción de huella ambiental. Los incentivos no deberían pagarse por anunciar un proyecto, sino por construirlo y operarlo.
También conviene crear zonas promovidas para infraestructura de IA. No como enclaves desconectados de su entorno, sino como distritos donde energía, fibra, suelo, permisos y formación estén coordinados. La competencia entre provincias puede ser saludable si se basa en calidad institucional y no en una subasta opaca de privilegios.
Un federalismo que premie a las provincias que construyen
Las provincias poseen buena parte de los recursos que la IA necesita. Administran territorio, ambiente, energía, educación y desarrollo urbano. La política nacional fracasará si las trata como simples receptoras de decisiones tomadas en Buenos Aires.
Los Aportes del Tesoro Nacional fueron concebidos dentro del régimen de coparticipación para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros provinciales. No pueden transformarse por una instrucción informal en un fondo permanente de subsidios tecnológicos. Pero el federalismo argentino necesita un instrumento que premie a las provincias dispuestas a habilitar suelo, acelerar permisos, mejorar redes eléctricas, formar personal y aportar transparencia.
Ese instrumento podría surgir de una ley específica o de un convenio fiscal federal con reglas objetivas. Una parte de los recursos nacionales de asignación territorial podría funcionar como contrapartida de inversiones provinciales en infraestructura habilitante. El desembolso debería seguir hitos, auditoría y competencia entre proyectos. Si se decide utilizar ATN, el diseño debe respetar su finalidad legal o modificarla expresamente. La ambición tecnológica no autoriza a debilitar las instituciones.
La Nación no debería elegir a dedo un único polo. Debe publicar condiciones y permitir que las provincias compitan con proyectos. Energía comprometida, fibra redundante, disponibilidad de predios, calidad ambiental, universidades asociadas y plazos de habilitación pueden formar una matriz de evaluación. Los fondos públicos acompañarían a quienes demuestren capacidad de ejecución.
La libertad que hizo crecer a internet
Internet se expandió en los años noventa porque encontró un espacio de experimentación amplio. Hubo estándares, contratos y responsabilidades, pero el Estado no exigió una licencia previa para cada sitio, aplicación o modelo de negocio. La innovación nació en garajes, universidades, empresas pequeñas y oficinas públicas. Muchas ideas fracasaron. Algunas cambiaron el mundo.
La IA necesita una libertad semejante. La Argentina debe evitar una regulación temprana que pretenda anticipar todos los usos posibles y termine protegiendo a los actores establecidos. Regular el algoritmo en abstracto puede convertirse en una barrera de entrada para universidades, pymes y emprendedores, mientras las grandes plataformas absorben sin dificultad el costo del cumplimiento.
La mejor regla inicial es regular consecuencias, no fantasías. Salud, crédito, justicia, empleo, seguridad y servicios públicos ya poseen derechos y obligaciones que deben aplicarse cuando una decisión automatizada afecta a una persona. En los usos de alto impacto se necesita trazabilidad, explicación, seguridad, protección de datos y un responsable humano. En experimentación académica, creatividad, productividad y desarrollo de software, el principio debe ser la libertad.
Los entornos de prueba regulatorios pueden resolver parte de la tensión. Permiten experimentar durante un plazo, con usuarios informados, límites de escala y supervisión. La autoridad aprende antes de dictar una regla general y la empresa puede demostrar si el riesgo que se temía existe realmente. El permiso para probar debe ser accesible también para actores pequeños.
La Argentina necesita reglas estables para importar hardware, contratar servicios internacionales, mover datos con garantías y acceder a moneda para equipamiento crítico. Una política que invita a construir data centers mientras demora servidores, transformadores, sistemas de refrigeración o repuestos se contradice a sí misma.
Universidades que exploran y no que observan
La colonización del octavo continente se decidirá en las universidades. Allí están los jóvenes capaces de imaginar usos que todavía no tienen mercado. Pero el sistema académico corre el riesgo de discutir durante años si la IA debe ingresar al aula mientras sus alumnos ya la utilizan todos los días.
Cada universidad pública y privada debería contar con capacidad de cómputo, acceso a modelos, datos de calidad y reglas simples para experimentar. Las bibliotecas pueden convertirse en centros de alfabetización en IA. Las carreras de derecho, medicina, economía, ingeniería, diseño, ciencias sociales y artes necesitan proyectos propios, porque la inteligencia artificial no pertenece a una sola disciplina.
Conviene crear grandes premios nacionales de IA aplicada, con recompensas capaces de atraer a los mejores equipos. Los desafíos deben surgir de problemas argentinos: reducir tiempos de diagnóstico, anticipar incendios, mejorar aprendizajes, controlar fugas de agua, detectar fraude, optimizar cosechas, interpretar imágenes satelitales, simplificar trámites o ayudar a una pyme a exportar. Un premio modesto produce ejercicios académicos. Un premio relevante puede crear empresas.
El financiamiento público debería premiar prototipos que funcionen, datos abiertos reutilizables y soluciones que puedan replicarse. CONICET, universidades, provincias y empresas pueden compartir desafíos y propiedad intelectual bajo reglas conocidas de antemano. El Estado no debe apropiarse de cada innovación que financia; debe lograr que esa innovación exista, se pruebe y pueda crecer.
La formación tampoco puede limitarse a programadores. El país necesita técnicos eléctricos, especialistas en refrigeración, operadores de centros de datos, expertos en ciberseguridad, científicos de datos, auditores algorítmicos y funcionarios capaces de comprar tecnología con criterio. La infraestructura física y la humana deben crecer juntas.
El Estado como primer gran usuario
El Estado argentino compra tecnología, acumula datos y administra problemas a una escala que pocas empresas alcanzan. Puede convertirse en el primer gran demandante de soluciones de IA nacionales. Para lograrlo debe abandonar la lógica de adquirir sistemas cerrados que tardan años y nacen envejecidos.
Cada ministerio y cada provincia deberían identificar procesos medibles donde la IA pueda reducir tiempos, errores o costos. Salud puede priorizar turnos y apoyar diagnósticos. Rentas puede detectar inconsistencias. Obras públicas puede anticipar desvíos. Justicia puede buscar precedentes sin delegar la decisión. Municipios pueden ordenar tránsito, residuos, iluminación y mantenimiento. La condición es que cada proyecto publique una línea de base y mida el resultado.
Las buenas prácticas de la OCDE ofrecen una guía útil: innovación acompañada por derechos humanos, transparencia, robustez, seguridad y responsabilidad. Aplicadas al sector público, esas pautas exigen explicar el propósito del sistema, conocer sus datos, evaluar riesgos, mantener supervisión humana y ofrecer una vía de revisión cuando la decisión afecta derechos.
La contratación pública debe abrirse a pilotos cortos y comparables. En vez de licitar de inmediato una plataforma nacional gigantesca, una repartición puede seleccionar varios equipos, probarlos sobre el mismo problema y escalar la solución que demuestre resultados. El Estado compra evidencia antes de comprar dependencia.
La IA también puede mejorar la calidad regulatoria. Puede comparar normas, detectar contradicciones, estimar cargas administrativas y asistir en consultas públicas. Pero el funcionario conserva la responsabilidad. El sistema puede recomendar; la autoridad debe fundamentar. Esa distinción protege al ciudadano y mejora la gestión.
Las empresas deben aprender usando
La infraestructura sólo tendrá sentido si la economía utiliza la inteligencia que produce. Muchas empresas argentinas todavía observan la IA como una herramienta de redacción o atención al cliente. El salto de productividad llegará cuando la integren en operaciones, mantenimiento, logística, diseño, ventas, control de calidad y capacitación.
El Estado puede acelerar esa adopción con créditos, amortización rápida de inversiones, asistencia técnica y estándares abiertos, pero no debe elegir una aplicación para cada sector. Las cámaras empresarias, los colegios profesionales y las universidades pueden organizar laboratorios compartidos donde las pymes prueben soluciones con sus propios datos sin asumir de entrada una inversión elevada.
Los sectores con ventaja argentina deben recibir atención prioritaria: agroindustria, energía, minería, salud, software, industria automotriz, economía satelital y logística. La IA aplicada a esos campos puede generar productos exportables porque nace de problemas que el país conoce. La ventaja no estará en imitar la aplicación de moda, sino en combinar modelos globales con contexto productivo local.
Una política que mida ocupación real
La Argentina suele confundir políticas tecnológicas con anuncios. El octavo continente exige una contabilidad más severa. Hay que medir megavatios disponibles para cómputo, kilómetros de fibra redundante, latencia, capacidad instalada, utilización, investigadores con acceso, empresas usuarias, pilotos estatales que escalaron y exportaciones de servicios basados en IA.
También deben publicarse los fracasos. Una política de innovación que sólo informa éxitos termina ocultando aprendizaje y financiando proyectos que nadie se atreve a cancelar. Experimentar supone aceptar que algunas iniciativas no funcionarán. La obligación pública es detectar pronto el error, explicar lo aprendido y reasignar recursos.
Un consejo federal de infraestructura e inteligencia artificial podría coordinar energía, comunicaciones, ciencia, educación, producción y provincias. Su tarea no sería redactar un plan retórico, sino mantener un mapa de oportunidades, resolver bloqueos y publicar resultados. La conducción política debe ser estable, pero la ejecución puede apoyarse en equipos técnicos y competencia privada.
El acto de conquista
Colonizar el octavo continente no significa levantar una muralla digital. La Argentina debe integrarse a las cadenas globales, atraer capital y utilizar la mejor tecnología disponible. La soberanía no consiste en fabricar todo, sino en conservar opciones, conocimiento y capacidad de decisión.
Un país ocupa territorio cuando una empresa instala cómputo donde antes había energía sin demanda. Cuando una universidad convierte ese cómputo en una solución. Cuando una pyme transforma la solución en un producto. Cuando el Estado lo utiliza para servir mejor y exige que los derechos sigan siendo humanos. Cuando una provincia descubre que sus electrones y su fibra pueden valer tanto como un mineral.
La Argentina ya perdió oportunidades por regular antes de comprender, por anunciar antes de construir y por distribuir recursos sin medir resultados. La IA permite ensayar otra conducta. Infraestructura antes que slogans. Libertad antes que permisos preventivos. Evaluación antes que subsidios eternos. Responsabilidad humana antes que obediencia algorítmica.
Construir la Marca Argentina en inteligencia artificial será la consecuencia de esa conducta. Cada obra terminada, cada permiso resuelto en plazo, cada profesional formado y cada servicio público mejorado ofrecerán a los grandes decisores una señal más convincente que cualquier campaña. La reputación tecnológica de un país nace cuando sus promesas pueden comprobarse.
En el siglo XIX, conquistar un territorio requería barcos, ferrocarriles y puertos. En el octavo continente se necesitan energía, data centers, fibra, talento y confianza. Tenemos buena parte de esos recursos. Falta organizarlos alrededor de una decisión nacional.
El nuevo continente ya está siendo ocupado. Argentina puede contemplar sus mapas dibujados por otros o presentarse con sus propios constructores. Ésa es la diferencia entre usar inteligencia artificial y tener un lugar en la civilización que ella está creando.
Fuentes y referencias
• Ley 27078 Argentina Digital y régimen del Servicio Universal• Resolución ENACOM 548 de 2022 sobre la Red Federal de Fibra Óptica y recursos del Servicio Universal• Ley 23548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales• OECD Recommendation of the Council on Artificial Intelligence• OECD Going Digital Integrated Policy Framework• ENACOM Indicadores y mapas de conectividad
