El oficialismo buscará esta semana acuerdos por la Ley de Propiedad Privada: los puntos clave del proyecto
El Ejecutivo retoma su tratamiento y propone modificaciones en expropiaciones, tenencia de tierras, regulación del uso del suelo y manejo del fuego.
La eliminación de las restricciones para que los extranjeros puedan comprar tierras y los cambios en la ley de barrios populares son los principales puntos de la ley de Propiedad Privada donde existen sustanciales diferencias entre los bloques dialoguistas y la Libertad Avanza.
Por ese motivo, el oficialismo se abocará esta semana a la búsqueda de acuerdos con los bloques de la UCR, PRO, y bloques provinciales, para tener primero las firmas para el dictamen y luego para aprobar esta iniciativa en el recinto de sesiones.
“Por ahora no están los votos se debe seguir conversando porque hay varios bloques que quieren hacer cambios”, reconoció una fuente ligada al oficialismo.
Por ese motivo hasta este domingo no se había convocado al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, que presiden los libertarios Agustín Coto, y Nadia Márquez.
Fuentes parlamentarias de la UCR señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que se esta estudiando cada capítulo y analizando los cambios que se van a proponer al proyecto.
El proyecto modifica la ley 26.737 votada en el 2011, luego del triunfo de Cristina Fernández en las elecciones de octubre de ese año donde consiguió la reelección- que puso de 1.000 hectáreas para la compra de tierras por parte de extranjeros.
Ley de Propiedad Privada: los puntos clave del proyecto
Tierras
En el proyecto firmado por Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y todos sus ministros, elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras, y solo establece que se debe pedir autorización cuando se trate de un país extranjeros.
Los bloques dialoguistas están de acuerdo en que no se puede permitir que los extranjeros puedan comprar 1000 hectáreas, pero señalan que tampoco autorizar la compra en forma indiscriminada.
El Gobierno destaca que “la reforma propone modificar el enfoque y concentrar los controles en aquellos supuestos en los que se vean involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos. De este modo, se asegurará un correcto resguardo de la soberanía y la seguridad nacional”
Barrios Populares
Otro capítulo que objetan algunos bloques dialoguistas es la reforma de la ley 27453 ya que al limitar las expropiaciones será mas complicado seguir con la regularización de las tierras donde se encuentran los barrios populares, y señalan que puede haber una catarata de desalojos ya que se elimina la prohibición de la suspensión de desalojos por 10 años. También se suprime el 25% de obras destinadas a organizaciones de los propios barrios.
El proyecto deroga los artículos 3,4, 5 que eran claves del proyecto ya que se establecía el mecanismo para expropiar las tierras destinados a los barrios populares.
Además al descentralizar la implementación del régimen de regularización dominial, el Estado no tendrá un rol activo, sino que será un coordinación ya que esa tarea le corresponderá a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno señala que esa ley no logró cumplir su objetivo ya que luego de 7 años desde la entrada en vigencia de la ley, tan solo un 0,08 % del suelo de los barrios populares a los que apunta la norma tiene título de propiedad privada, es decir, un número extremadamente bajo de sus habitantes posee título de propiedad sobre la tierra que habita.
Desalojos
El proyecto instrumenta un sistema “exprés” de los desalojos ya que reduce de 10 a 3 días el plazo de intimación por falta de pago, y de 5 días para lograr el desalojo ya que solo se pedirá el titulo de propiedad, en lugar de la caución real.
Manejo del Fuego
El proyecto modifica la Ley de Manejo del Fuego sancionada en 2020, impulsada por Máximo Kirchner, que establece fuertes restricciones sobre terrenos afectados por incendios. La normativa vigente impide durante 60 años la venta, subdivisión, loteo o cambio de uso del suelo en humedales, bosques nativos, áreas protegidas y otros ecosistemas, además de prohibir por 30 años la reconversión productiva en zonas agropecuarias incendiadas.
La propuesta del Gobierno elimina ese plazo general de 60 años, limita la protección únicamente a bosques nativos y mantiene como única restricción la prohibición de cambiar el uso del suelo. También deroga artículos que extendían por 30 años las restricciones a ecosistemas como praderas, pastizales, matorrales y zonas de interfaz urbano-rural, donde se prohibían emprendimientos inmobiliarios y cambios en la actividad agropecuaria.
Desde el oficialismo sostienen que imponer plazos tan prolongados para limitar el uso de los inmuebles, bajo el argumento de garantizar su restauración, resulta irrazonable y afecta el derecho de propiedad. En ese sentido, el ministro Federico Sturzenegger afirmó en el Senado que es desproporcionado restringir durante 30 años el uso de un terreno, especialmente cuando no se trata de bosques nativos, y que estas medidas “no han demostrado ser eficaces para cumplir el objetivo ambiental que persiguen”.
